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efi c a c i a de l de r e c h o de l tr a b a j o: c a m b i o s en l a legislación l a b o r a l e
i m P a c t o s en l a s re m u n e r ac i o n e s de l s e c t o r Pr i va d o (1993-2005)
probablemente se agrave con dos elementos adicionales: la intensa inestabilidad
laboral y la ausencia de una sindicalización fuerte y baja cobertura de negociación
colectiva.
Respecto a lo primero, la inmensa mayoría de las causas judiciales en materia
laboral tratan sobre indemnizaciones por término de contrato de trabajo: mientras
dura la relación laboral habitualmente los trabajadores no demandan al empleador
por deudas salariales, porque la inestabilidad laboral no es compatible con los largos
plazos de tramitación judicial; los trabajadores se inclinan por denunciar ante la
Inspección del Trabajo el no pago de remuneraciones mientras están empleados en
una empresa, lo que opera más rápido que los tribunales e implica la aplicación de
una multa al empleador si se constata no pago de remuneraciones. Es al momento
de demandar compensaciones por despido que los trabajadores piden al tribunal
condenar además a la empresa al pago de las remuneraciones que se adeuden.
Respecto a lo segundo, la debilidad institucionalidad de los derechos colectivos
del trabajo en Chile opera como una ventaja empresarial de no verse enfrentado a
una demanda sindical de mejora progresiva de los salarios.
Cierta predisposición de la jurisprudencia judicial de desconfianza frente a los
derechos de negociación colectiva y huelga amplía esta ventaja empresarial: la sos-
tenida opinión de la Corte Suprema ha afirmado la irrenunciabilidad del derecho
individual de los trabajadores a negociar directamente con el empleador mejoramien-
tos de las cláusulas puestas en contrato colectivo, aún sin considerar al sindicato que
negoció dicho acuerdo colectivo. Esta jurisprudencia priva a los sindicatos de poder
de negociación efectivo sobre el incremento de salarios, lo que queda entregado al
acuerdo individual con la empresa. Por otra parte, un fallo reciente de la Corte Su-
prema ha admitido su acendrada desconfianza al derecho de huelga y su inclinación
a interpretarlo de la manera más restrictiva posible (68) .
Por añadidura, hasta ahora los escasos fallos judiciales que en Chile invocan tra-
tados internacionales de derechos laborales, particularmente convenios de la OIT, los
68 “La huelga está regulada en el Código del Trabajo y constitucionalmente reconocida en
la Constitución Política de la República, donde se señala el principio fundamental, cual es, que
no puede comprometer actividades o servicios que causen grave daño a la salud, la economía,
el abastecimiento o la seguridad nacionales. De tales normas es dable desprender que el legislador
intenta regularla jurídicamente como instancia para forzar un acuerdo razonable sobre
las relaciones colectivas de trabajo y que corresponde realizar una interpretación restrictiva
de las disposiciones que la reglamentan, desde que dicha instancia compromete, ciertamente,
el desarrollo económico del país.” (Corte Suprema, Recurso 345/2008 Resolución 9092
(14.04.2008).
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