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efi c a c i a de l de r e c h o de l tr a b a j o: c a m b i o s en l a legislación l a b o r a l e
i m P a c t o s en l a s re m u n e r ac i o n e s de l s e c t o r Pr i va d o (1993-2005)
al planteamiento sobre la función que juega el salario mínimo en la lucha contra la
desigualdad social.
Una política que suele incluirse entre las de empleo, pero que más bien es de
seguridad social y estrechamente relacionada con el salario, es el seguro de des-
empleo, que se instauró en Chile en el año 2001 (ley 19.728). No es un subsidio
estatal ni tampoco un ahorro individual que debe hacer el trabajador; se financia
casi enteramente con aporte del empleador y del Estado. Se estimó que ésta era una
institución indispensable y en Chile constituía una antigua deuda; sin embargo,
el diseño es defectuoso, su operatividad ha mostrado limitaciones por su escasa
cobertura y su bajo monto, lo que ha ido constituyendo una disposición bastante
generalizada a introducirle modificaciones. El seguro de desempleo ha sido deba-
tido de una manera particular, que contribuye a bajar la legitimidad que debieran
prestarle los trabajadores. En la medida en que ha aparecido como una institución
opuesta a la indemnización por años de servicios, antiguo beneficio laboral que las
organizaciones sindicales más importantes, como la Central Unitaria de Trabajadores,
no están dispuestas a perder.
No tuvo, sin embargo, acogida, la proposición de una institución que tiene un
sentido similar: la constitución de un fondo para cubrir el riesgo de insolvencia
del empleador, especialmente de las empresas pequeñas, que llegan a adeudar a sus
trabajadores montos importantes de salarios y cotizaciones previsionales. Se elaboró
un proyecto para constituir este Fondo de Garantía Salarial, pero no salió del ámbito
gubernamental propio del “trabajo”. La idea de nuevas cotizaciones a los empleadores
no tenía aceptación alguna en ese momento, a pesar de que instituciones de este
tipo se han venido creando en diversos países para hacer frente a situaciones que se
multiplican peligrosamente en períodos de crisis (como quedó en evidencia en Chile
a través del drástico aumento de denuncias y reclamos de este tipo que recibió la
Dirección del Trabajo durante la crisis de 1998).
El enfrentamiento con las organizaciones de empleadores ha sido temido por
los gobiernos y es posible que sea un factor que reste audacia a las propuestas para
enfrentar la desigualdad social. Hay en el fondo una disputa que durante largo tiempo
no se expresó con nitidez en torno al costo que tiene la mayor igualdad social y, sobre
todo, en quien recae. El empresariado ha hecho de los costos laborales el principal
factor para su competitividad y no acepta que éstos aumenten; al contrario, un
eje de su política ha sido reducirlos. Tanto el alza de salarios como de cotizaciones
para mecanismos bi o tripartitos que generen alguna redistribución en favor de los
trabajadores, son pues resistidos. La inequidad social aparece finalmente como un
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