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seg u n d a P a r t e: a P l i c a c i ó n de l a me t o d o l o g í a al co m P o r t a m i e n t o de l a s re m u n e r ac i o n e s
e n el se c t o r Pr i va d o 1993-2005
(CERC, julio 2005); el 78% señaló que el crecimiento que experimentaba el país
beneficiaría “sólo a una minoría” (CERC, 1996). En todos los casos las respuestas
dan cuenta de relaciones muy inequitativas, marcadas por una fuerte subordinación
del trabajo.
No es claro cuáles son las bases de esta confianza popular en el mejoramiento de
las remuneraciones, que parece haberse generado recientemente. Sólo una parte de
la población sigue el proceso institucional que desde el Gobierno se echa a andar
y que, en correspondencia con la actitud predominante, debiera despertar interés.
Sobre el punto es sorprendente que sólo el 27% de los entrevistados supiera (“hu-
biera escuchado y leído”) que la Presidenta de la República había constituido una
Comisión Presidencial de Trabajo y Equidad (lo que había ocurrido en agosto de
2007, es decir 7 meses antes y había sido una noticia nacional) para modificar las
relaciones laborales (CERC, abril 2008). Pero, por otra parte, no es tan extraño, ya
que la lejanía de la ciudadanía frente a la acción política ha sido un rasgo del sistema
sociopolítico actual.
b. Cuánta confianza se otorga al Estado para debatir y decidir sobre el salario
El Gobierno es visto como el ente que mejor representa a la gente en la dis-
cusión sobre salario ético. El 27% de las respuestas que así lo señaló constituye la
frecuencia más alta en una opinión que aparece muy dispersa; pero en el estrato de
más bajo ingreso la proporción sube y el 31% nombró al Gobierno como su mejor
representante. La segunda opción, marcada por el 16% de los entrevistados, fue la
Iglesia (131) (CERC, octubre 2007).
También en relación con el papel del Estado, la opinión predominante es que
el Gobierno debe participar en la fijación del monto de las remuneraciones, en una
instancia tripartita, con los trabajadores y los empresarios; el 40% de los entrevistados
eligió esa opción (CERC, octubre 2007). En segundo lugar, el 20% de las opiniones
se inclinaron por la opción “el Gobierno”; de lo cual se desprende que el 60% de la
población está por fortalecer la acción del Estado en materia de fijación del salario.
Por otra parte, la negociación colectiva, como institución que regula la fijación
de los salarios, mantiene una legitimidad relativamente alta en el país. Entre los años
1996 y 2003 un poco más de la mitad de la población entrevistada consideraba que
fijar las remuneraciones mediante negociación colectiva era mejor que hacerlo a
131 Las opciones (prefijadas) que siguen fueron: las organizaciones sindicales (15%), los
gremios empresariales (12%), el Congreso Nacional (6%) y los partidos políticos (3%).
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