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efi c a c i a de l de r e c h o de l tr a b a j o: c a m b i o s en l a legislación l a b o r a l e
i m P a c t o s en l a s re m u n e r ac i o n e s de l s e c t o r Pr i va d o (1993-2005)
un juzgado de competencia común. Una investigación de 2001 arrojó que los jueces
de competencia compartida destinaban sólo alrededor de un 10% de su tiempo a
las materias civiles y laborales (Casas y Gazmuri 2001).
La falta de una justicia laboral especializada en temas laborales también existe en
las Cortes de justicia: en 2004 ejercían 153 Ministros de Cortes de Apelación, pero
sólo seis de ellos pasaron en alguna etapa de su carrera judicial por la jurisdicción
laboral, como secretarios o jueces, y sólo tres pasaron de ser Jueces del Trabajo a
Ministros de Corte, lo que ocurrió en 1971. De los 16 Ministros de Corte Supre-
ma que ejercían ninguno había pasado por la judicatura laboral (Gazmuri 2004).
Actualmente no existen Cortes especializadas en lo laboral y esas causas se ven en
Cortes de competencia común.
A la escasez de tribunales especializados en lo laboral se suma la existencia de
procedimientos judiciales de lenta tramitación, engorrosos y por escrito, en los que la
intervención del juez es pasiva, sólo actúa a petición de parte y se limita, la mayoría
de los casos, a analizar documentos y decretar resoluciones. En 2003 la duración
promedio de las causas laborales en dos Tribunales con competencia sólo en lo la-
boral en Santiago era de entre 201 a 305 días. Un Tribunal del área metropolitana
con competencia compartida tardaba en promedio 420 días en tramitar un juicio
laboral (Gazmuri 2004). El mismo año se pudo constatar que la duración promedio
de la tramitación del procedimiento de apelación de las causas laborales en la Corte
de Apelaciones de Santiago era de 237 días (Gazmuri 2004). Esto significa que la
duración normal de la tramitación judicial de una causa laboral en Santiago, incluida
la apelación, es de más de un año y medio.
La falta de procedimientos judiciales adecuados para defender los derechos
legalmente declarados ha acompañado las últimas innovaciones legales en materia
laboral, que condenan a tales derechos a una indefensión práctica debido a proce-
dimientos judiciales rígidos, ritualizados, en los que se distribuye por igual la carga
de la prueba y donde los jueces no acostumbran dictar medidas concretas para rees-
tablecer el respeto de los derechos vulnerados. La libertad sindical en Chile, padece
de alta ineficacia precisamente por la falta de procedimientos judiciales idóneos
que permitan detectar prácticas antisindicales y corregir sus efectos destructivos
sobre los sindicatos. La todavía deficiente protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales en la relación laboral, vuelve débiles tales derechos, reconocidos por
ley, pero carentes de vías judiciales idóneas de defensa.
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