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Pri m e r a P a r t e: P ro P u e s ta de me t o d o l o g í a Pa r a e va lu a r l a ef i c a c i a de l a s no r m a s l a b o r a l e s
jador. Esta intervención estatal aspira a obtener una parcial desmercantilización del
trabajo humano excluyendo de la voluntad de los contratantes -y por ende de los
mecanismos de mercado- la posibilidad de establecer condiciones de trabajo por
debajo de niveles considerados atentatorios a la dignidad humana y necesarios para
garantizar la seguridad personal, social y económica del trabajador y su libertad
individual.
Sin embargo, la función protectora del Derecho del Trabajo siempre ha ido
acompañada de otra función: la de organizar la economía capitalista juridificando
el aprovechamiento empresarial del trabajo asalariado mediante la atribución al
empleador de la utilidad patrimonial del trabajo y otorgando un poder empresarial
para ordenar la prestación de ese trabajo (Montoya 1997). La intervención pública
protege, en efecto, pero bajo la premisa de garantizarle a la empresa el aprovecha-
miento de los resultados del trabajo y la obediencia de los trabajadores mediante un
sistema jurídico de control.
No es entonces del todo correcto afirmar, como suele hacerse, que el Derecho
del Trabajo tiene que optar por un extremo totalmente protector e impeditivo de la
libertad empresarial o uno totalmente liberalizador para las empresas. Ni uno ni otro
extremo son propios de la legislación laboral: el rendimiento empresarial nunca ha
sido ajeno al Derecho del Trabajo y el reconocimiento jurídico de derechos laborales
siempre ha tenido el valor intrínseco de prevenir efectos nocivos del trabajo sobre
la vida, salud, prosperidad y libertad de los trabajadores. La experiencia normativa
sobre el trabajo asalariado se ha desarrollado históricamente a partir de ambos fines,
en permanente evolución y cambio, a la búsqueda de un equilibrio constante.
¿Cómo puede medirse la eficacia del rol protector del Derecho del Trabajo?
Apreciando cómo el ordenamiento laboral en su conjunto logra armonizar la libertad
empresarial para aprovechar el trabajo con la seguridad, prosperidad y libertad de los
trabajadores. Si la seguridad personal, social y económica en el trabajo es cada vez
más incierta y disminuyen las posibilidades de que la combinación entre capital y
trabajo dé frutos también para el trabajo, la ley laboral está fracasando en su rol de
regular la economía capitalista. No se trata de evaluar efectos específicos atribuibles
a la legislación laboral sino las posibilidades reales de prosperar en el trabajo que se
obtienen al responsabilizar a las empresas por el uso de trabajo humano.
En realidad, la evaluación de la función protectora del Derecho del Trabajo tiene
que ver con la existencia de indicadores de desarrollo: acceso al trabajo, ingreso sufi-
ciente, tiempos de trabajo que no impidan la vida extra laboral, descanso necesario
para vivir, estabilidad laboral, cobertura ante accidentes y enfermedades profesionales,
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