Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del ...

Pongamos el caso español como ejemplo.
El surgimiento de la llamada cooperación
descentralizada —cabría mejor
denominarla cooperación autonómica y
local— constituye un factor que ha de juzgarse
con tonos inequívocamente positivos.
Aun cuando pueden alegarse muy
diversas razones para respaldar este
juicio, dos parecen de especial relevancia:
enriquece el sistema español de
ayuda al desarrollo, al aportar criterios,
modelos institucionales y formas de actuación
diversas; y, adicionalmente,
ayuda a enraizar los valores de la solidaridad
en la sociedad española, al integrar
tales tareas en las instancias de gobierno
más cercanas a la ciudadanía.
Ahora bien, semejantes aportaciones no
se logran sin el coste que puede suponer
la pérdida de grados de coherencia
respecto de los que se podrían obtener
si la dirección de la ayuda fuese centralizada.
La presencia de múltiples actores,
dotados de criterios propios y de autonomía
de gestión, hace sin duda más difícil
—aunque no imposible— la coherencia
en el seno de la ayuda.
Otro ejemplo más, en este caso en el
seno de la propia Administración General
del Estado. Es claro que para la promoción
del desarrollo de los países del
Sur convendría abatir las barreras protectoras
(aranceles y subsidios) que amparan
los mercados agrícolas en el seno
de la UE. Frente a ese objetivo se alza el
interés de ciertos sectores de la producción
agraria española, que ven amenazada
la viabilidad de sus explotaciones
por la potencial competencia de los pro-
Coherencia de políticas y desarrollo: aspectos introductorios
ductos procedentes de los países en desarrollo.
Si no parece razonable ceder a
las demandas de estos sectores agrícolas,
a costa de los propios consumidores
europeos y de los productores del
mundo en desarrollo, tampoco cabe
proceder como si esas demandas no
existieran. Encontrar la vía para un adecuado
tratamiento de estos intereses en
conflicto es lo que se demanda de la acción
política, que, por lo tanto, deberá
moverse en el campo de las transacciones
entre objetivos deseables, aunque
(parcialmente) contradictorios.
Así pues, es normal que exista un desajuste
entre la necesidad de coherencia
y la capacidad que se tiene para alcanzarla.
Un desajuste que es consecuencia,
en buena medida, de la complejidad
de intereses con los que necesariamente
debe arbitrar un gobierno; pero que
también refleja la naturaleza multidimensional
de la acción pública en el
mundo actual. Cabría decir, que en un
sistema democrático, abierto y participativo,
el gobierno debe convivir, necesariamente,
con un cierto grado de incoherencia.
Resultaría difícil extirpar esos
niveles de incoherencia sin limitar la diversidad
de intereses sobre los que se
quiere asentar la acción de gobierno.
Por plantearlo en otros términos, asumir
la posibilidad de una plena coherencia
en la acción de gobierno exigiría la
existencia entre los diversos grupos sociales
de funciones de preferencia bien
homotéticas o bien agregables sin ambigüedad.
Lo primero está absolutamente
alejado de la realidad y lo segun-
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