Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del ...

tuando sobre aquellos factores
más relevantes que obstaculizan el
avance hacia superiores niveles de
coherencia de políticas. Se pretende
con ello promover cambios que
puedan, a su vez, desatar alteraciones
adicionales y sucesivas en
la mejora de los niveles de coherencia.
El orden, sin embargo, en
el que se proponen las recomendaciones
no prejuzga prelación alguna
de las tareas. Nueve tareas
se quieren subrayar:
a) Clarificar el concepto de coherencia
de políticas
21. Una de las tareas obligadas es precisar
en el seno de la Administración
el concepto de coherencia al
que se alude. En principio, no existe
responsable alguno de la Administración
que se revele contrario
a la demanda de una mayor coherencia
de políticas. No obstante, la
coherencia es un concepto instrumental,
un calificativo que sólo
adquiere sentido en la medida
en que se definen los objetivos a
los que se subroga el término. En
este caso se habla de coherencia
de políticas para el desarrollo, indicando
que éste debe ser el objetivo
último —ampliación de las oportunidades
de progreso de los países
del Sur— al que se encaminen los
esfuerzos. No siempre se entiende
de esta manera, de tal modo que
es frecuente que los responsables
Conclusiones y recomendaciones
de la Administración afirmen su
voluntad de conseguir mayores niveles
de coherencia, pero refiriendo
el concepto a otros propósitos,
que normalmente aluden a una visión
sectorial relacionada con lo
que suponen son los intereses del
país (ya sea mejorar las exportaciones,
promover el crecimiento,
estimular el empleo nacional o
proteger a los agricultores, por citar
algunos casos). Una tarea obligada,
por tanto, es argumentar y
difundir en el seno de la Administración
la idea de que la coherencia
que se reclama, en este caso,
se define en relación con los efectos
que las políticas públicas tienen
sobre los países en desarrollo.
Es ésta la acepción adoptada en la
Ley de Cooperación y es también
la que figura en los Tratados Constituyentes
de la Unión Europea; y
es en ese mismo sentido en el que
se juzga la ejecutoria en este ámbito
seguida por los diversos donantes.
Siguiendo el planteamiento
que se formuló en el capítulo primero,
el propósito no es tanto depurar
las políticas públicas de toda
potencial incoherencia (tarea imposible),
sino identificar, mitigar y,
cuando se pueda, revertir aquellas
incoherencias que resultan indeseables
o inadvertidas. Una forma de
avanzar en esa senda de aclaración
consistiría en asociar de manera
sistemática la enunciación
del propósito de coherencia con
una precisión acerca del sentido
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