Coherencia de políticas para el desarrollo en cinco donantes del ...

José Antonio Alonso
do sería indeseable, ya que, como
Arrow (1959) demostró, sólo podría producirse
en el caso de una dictadura absolutista.
En suma, es necesario asumir la existencia
de ciertos grados de incoherencia
en la acción pública. Lo que está en consonancia
con el hecho de que la coherencia
no es sino uno de los criterios —y
no el único, ni acaso el prioritario— con
el que se juzga la acción de un gobierno.
Es natural que existan conflictos y que
se medie entre ellos de una forma no
enteramente consistente, porque gobernar
no es un mero problema técnico,
aunque pueda tener una base técnica:
comporta el diálogo y la persuasión, la
gestión de alianzas y la construcción de
consensos, lo que obliga a fórmulas
transaccionales abiertas a grados diversos
de inconsistencia. Como señala la
OCDE (2000) «cada país representa
combinaciones y delicados equilibrios
de diferentes intereses, estándar y normas.
Estas normas incluyen coherencia,
eficiencia y eficacia, pero también participación
pública, derechos a la toma de
decisiones locales, creencias morales,
diversidad, representación y competencia,
etc. Estas normas no son, necesariamente,
fáciles de integrar en un estándar
de coherencia».
Ahora bien, señalar que la plena coherencia
en un mundo complejo es más
bien un objetivo imposible —e incluso
inconveniente— no quiere decir que no
constituya un propósito deseable minimizar
las incoherencias en la acción de
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gobierno, especialmente aquellas más
acusadas y costosas o las que tienen un
carácter no advertido ni intencionado
(Ashoff, 1999). Por decirlo de otro modo,
es preciso poner los medios para desvelar
y decidir conscientemente acerca del
grado de incoherencia que se desea
asumir —por considerar indeseable o
imposible su corrección— en la acción
de gobierno. Que es lo mismo que señalar
que, cuando menos, conviene ser
consciente de las incoherencias con las
que es necesario convivir. Al fin, en democracia
es difícil tolerar la incoherencia
innecesaria, por cuanto de su corrección
se derivan ganancias netas para la
acción pública.
IV. DIMENSIONES DE LA COHERENCIA
Como en todo concepto complejo, también
en el de la coherencia es posible
distinguir diversas dimensiones o ámbitos
asociados al término. Así, en un sentido
un tanto general, cabría considerar
tres dimensiones diferenciadas en el
concepto de coherencia de políticas
(OCDE, 2000):
• En primer lugar, la coherencia horizontal,
que pretende que cada política
individual apoye a las otras o al menos
no entre en conflicto con ellas,
preservando los intereses públicos
agregados. Esta dimensión supone,
en su acepción más exigente, la capacidad
de adoptar una perspectiva integral
y comprehensiva de la gober-