Apuntes históricos sobre los fueros del antiguo Reino de Valencia

Igualmente le pertenecía el conocimiento de los pleitos, así civiles como criminales, de
los oficiales de correos, según se determinó por sentencia publicada en 22 de Diciembre de
1606, en la causa de contención que se suscitó entre el Portante veces de Gobernador
General y el Baile, con motivo de una denuncia que instó Francisco Morant, correo de a
pie, contra los demás empleados.
El Rey D. Juan II, en 1171 le cometió también el conocimiento de los pleitos que
procediesen de actos mercantiles y marítimos, dándole para ella todas las facultades
necesarias, con inhibición de los Cónsules de mar, y de cualesquiera otros oficiales reales.
Asimismo correspondían a su privativo conocimiento las causas de fraude sobre,
manifiestos de seda, y en razón de cualquiera otros derechos reales.
Últimamente, conocía el Baile en las causas sobre tesoros y bienes vacantes; en las de
naufragios; en las que se ofrecían sobre aguas públicas y ríos del reino, sus riberas y
molinos; y en la regalía de establecer éstos y los hornos; en las de aguas y tierras valdías de
todos los pueblos y lugares en que no estuviere enagenada esta facultad; en los pleitos sobre
tercios-diezmos; pesca del mar y de la Albufera; lugar donde se vende el pescado, llamado
Pescadería; también conocía por apelación o recurso en las que ocurrían sobre las acequias
reales de Moncada y Alcira; y generalmente era juez privativo de todos los pleitos en que se
trataba directa o indirectamente del interés bursático del Rey.
Este vasto conocimiento y la calidad de su oficio, constituyeron al Baile General en uno
de los principales magistrados del régimen foral. El Rey D. Pedro II declaró en 15 de Julio
de 1310, que el Baile General era juez inmediato por S. M. de los judíos y sarracenos de
lugares realengos y de las órdenes, y en algunos casos de los que estaban domiciliados en
pueblos de Baronía.
D. Alfonso III declaró en 1449, que el Baile debía proceder contra los Barones, militares
y personas eclesiásticas que ocupasen los derechos reales, y se entrometían en su
conocimiento, embargándoles sus tierras, y usando de todos aquellos medios que le
pareciesen oportunos, para que no sintiese el menor perjuicio la jurisdicción real, no
obstante cualquier abuso contrario.
El Rey D. Jaime I prohibió absolutamente la adquisición y posesión de bienes raíces a
todas las manos muertas, mandando por particular fuero, que si alguno por testamento o por
última voluntad dejara alguna posesión, o heredad a mano muerta, se vendiera dentro de un
año después del día del fallecimiento del testador; y el precio se entregara a la iglesia o
lugar religioso a quien se hubiere dejado, exigiendo el luismo o censo, si le debiere la
hacienda.
Y para que no se dudase que la prohibición era respectiva a solos los bienes, sitios y
raíces, previno posteriormente, que si el testador en su testamento o última voluntad hiciese
algunos legados de bienes inmuebles a favor de obras pías o por su alma, fuesen
cumplidamente satisfechos por los herederos a proporción de su haber; pero de modo que
no pasasen a lugares religiosos o a clérigos los bienes de realengo. Lo cual fue confirmado
por otro fuero, en el que previno que todos los que no tuvieren hijos de legítimo
matrimonio pudiesen disponer a su voluntad de todos sus bienes muebles e inmuebles; pero