Datos, algoritmos y políticas: la redefinición del mundo digital

Capítulo V
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
C. Regulación: eficiencia y estabilidad del sistema
1. Factores de riesgo
El principal riesgo asociado a la entrada de nuevos agentes financieros es su posible efecto negativo en la
estabilidad del sector y la protección al consumidor (Zetzsche y otros, 2017). En cuanto a la estabilidad del
sector financiero, CEF (2017) plantea que los riesgos son de tipo microfinanciero o macrofinanciero. Los
primeros hacen que las empresas individuales, la infraestructura del mercado financiero o algunos sectores
sean vulnerables a choques, en tanto que los segundos son vulnerabilidades que pueden amplificar los choques
en el sistema financiero y, con ello, aumentar la probabilidad de inestabilidad financiera.
Magnuson (2017) señala cuatro factores como los principales contribuyentes al riesgo de inestabilidad financiera:
i) la medida en la que los actores individuales son vulnerables a choques rápidos y adversos, ii) la existencia de
múltiples vías para que los choques adversos se extiendan de una institución a otra, iii) el grado de asimetría de la
información en el mercado, y iv) el tamaño total del mercado. Si bien la sola presencia de una de estas características
puede no ser suficiente para concluir que existe un riesgo sistémico, su existencia es un indicador.
En materia de protección al consumidor, los riesgos varían según servicios y tecnologías. Por ejemplo, en
las plataformas entre pares, la anonimidad puede facilitar el fraude, en tanto que en las cadenas de bloques,
una duda sobre la legalidad jurídica de un contrato inteligente puede introducir incertidumbre. Por otra parte,
las plataformas de inversión y manejo de activos que operan con asesores automáticos (robo-advisors) pueden
tener errores en sus sistemas y algoritmos que lleven a resultados no deseados (OICV, 2017).
2. Modelos alternativos
El sistema financiero se enfrenta a cambios tecnológicos derivados de la digitalización de sus operaciones,
transacciones y monedas. Dado que las empresas de fintech prestan servicios que ofrecen alternativas a las
actividades financieras tradicionales, los gobiernos, los entes regulatorios y el propio sistema financiero deberán
innovar en los procesos de cooperación internacional público-privada para la transferencia y la seguridad de datos
y de recursos, si quieren seguir albergando este tipo de negocios en el marco de la lógica de la banca tradicional.
El debate regulatorio acerca de esas empresas debe considerar dos aspectos. Por una parte, es necesario
reconocer su potencial como agentes de cambio que pueden contribuir, en el corto plazo, a aumentar la
competencia en el sector financiero, contar con una banca más diversificada, reducir los precios, aumentar
la posibilidad de usar los servicios y mejorar la eficiencia en los distintos eslabones de la cadena de valor,
contribuyendo así a la inclusión financiera. Por la otra, se deben disminuir los riesgos asociados a la incertidumbre
y los efectos no deseados, custodiando los objetivos de estabilidad financiera, protección al consumidor,
competencia y desarrollo del mercado.
La aproximación regulatoria en materia de empresas que emplean fintech varía de un país a otro y depende
de la estructura de cada mercado. Las experiencias más recientes se mueven en dos sentidos: mientras que
el Reino Unido, que pasa de una regulación basada en productos a una basada en principios, se enfoca en la
protección del consumidor e introduce entornos de prueba regulatorios (sandboxes) y una mayor cooperación con
la industria, China, que sigue enfocándose en productos, está introduciendo una segmentación en el tratamiento
de las transacciones (las de menor tamaño pueden realizarse mediante empresas de Internet y las más grandes
deben ser manejadas por las instituciones establecidas (bancos estatales)) (Arner, Barberis y Buckley, 2016).
La labor regulatoria es particularmente compleja. Los enfoques basados en productos pueden, en principio,
ser técnicamente atractivos, pero presentan dificultades si se opera en un contexto donde diversas entidades
llevan a cabo múltiples actividades. El alcance transversal de las regulaciones y la necesidad de contar con
capacidad para fiscalizarlas puede volverlas inaplicables. Por otra parte, la regulación por tipo de entidad puede
resultar más simple, pero al mismo tiempo puede dejar sin regulación a actores relevantes o bien no extender
las regulaciones a actores de otras actividades.
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