AGROPERÚ Informa Edición N° 19

OJOS Y OÍDOS
muestras de hojuelas o chips de papas
nativas y blancas, así como materiales
impresos donde se destaca la primacía
de nuestro país en papas nativas. El
encuentro congregará a productores,
científicos, industriales, gastrónomos,
nutricionistas para debatir sobre el
futuro del cuarto alimento más cultivado
del globo, en un mundo de
cambio constante. Asimismo, se presentará
un análisis del mercado mundial
para la papa, así como la exitosa
estrategia para aliviar la pobreza
rural en el suroeste de China, a través
del cultivo de papa. Más allá del componente
académico, la cita papera
incluirá visitas a campos de sembríos
Revista AGROPERÚ | Nº 19 | 2022 | Lima - Perú 120
• Nuevo mando arrocero: Al centro, con medalla con pendiente rojo, Sr. Hermitanio Rojas
Rafael, nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Arroz (Apear),
para el 2022-2024.
de papa, centros de acopio y distribución
y a un centro de investigación.
Quienes deseen acceder al programa
completo del congreso deben ingresar
al siguiente enlace: wpc2022ireland.
com
Tribunal Constitucional
desconoce consulta previa
Desde el miércoles 23 de marzo, 18 comunidades
campesinas del distrito de Juli (provincia de Chucuito,
región Puno) se mantienen en paro indefinido luego
que el Tribunal Constitucional (TC) desestimó la acción
de amparo que pedía la nulidad de dos concesiones
mineras que fueron otorgadas sin cumplir con el proceso
de consulta previa con las comunidades colindantes
al proyecto.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo se sumó a los
cuestionamientos al manifestar que la decisión del TC
constituye un grave retroceso en materia de protección
de los derechos de los pueblos indígenas y es contraria
a la Constitución Política, a los tratados internacionales
y se aleja injustificadamente de los estándares previamente
establecidos a lo largo de su jurisprudencia.
Como se recuerda, el pasado 20 de enero cuatro
magistrados del Tribunal Constitucional votaron en
favor de declarar infundada una demanda presentada
por dirigentes de las comunidades campesinas puneñas
de Chila Chambilla y Chila Pucará, con el fin de
anular las 2,000 hectáreas de concesiones mineras que
la compañía Cemento Sur S.A (Grupo Gloria) transfirió
en el 2016 a la empresa Kuskalla Mining Company. Los
argumentos que presentó el TC sostienen que la consulta
previa no es de rango constitucional, ni un derecho
fundamental y, por ende, no puede ser protegido
mediante acciones de amparo.
El Sr. José Layme Orocollo, presidente de la comunidad
campesina de Chilla Chambilla, comenta que se
movilizarán en la ciudad de Juli para exigir al TC enmendar
la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos
indígenas como derecho fundamental. Agrega que
la población rechaza la sentencia del tribunal, y si no
encuentran una respuesta favorable tomarán medidas
indefinidas.
Una opinión parecida expresa el Sr. Edgar Chura,
presidente del Frente de Recursos Naturales de la
Zona Sur. El dirigente dijo que el TC vulnera los derechos
de los pueblos originarios, por ello los presidentes
de las comunidades piden que el tribunal rectifique su
fallo, porque no solo atenta contra los derechos amparados
por la Constitución, sino que vulnera el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Los pueblos originarios hemos sido perjudicados con
este fallo sobre la consulta previa, por ello seguiremos en
pie de lucha hasta que se rectifiquen”, expresó.
Los magistrados que desestimaron la demanda son
José Luis Sardón de Taboada, Ernesto Blume Fortini,
Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa, quienes
han sido denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso de la República,
por la parlamentaria Margot Palacios, de Perú Libre, por
haber infringido los artículos 1 y 2 de la Constitución
y haber incurrido en el presunto delito de prevaricato.
Las comunidades dieron un plazo de 15 días para
que el TC resuelva el recurso de subsanación, priorizando
los derechos de los pueblos indígenas. También
piden que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio
de Cultura se pronuncien sobre este caso.
Según la abogada del IDL, Maritza Quispe Mamani,
no es la primera vez que las comunidades campesinas de
Puno se levantan en protesta para defender su territorio.
“Hay que recordar lo sucedido con el caso Aymarazo.
En aquella oportunidad el conflicto social surgió cuando
las comunidades campesinas de Puno se enteraron que el
Instituto Geológico Minero Metalúrgico otorgó concesiones
mineras en casi el 60 % del territorio de la región, y
las decisiones en cuestión nunca les fueron consultadas
ni notificadas”, dice la abogada del IDL
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