documento - Defensor del Pueblo

32/2009 RECOMENDACIONESúltimos años ha tenido España y cuya distribución no ha sido equitativaen todo el territorio, afectando en mayor medida a determinadaszonas, como es el caso que nos ocupa referido al ámbitoterritorial de los Registros Civiles de Alcalá de Henares y de Torrejónde Ardoz. Ello ha dado lugar a una sobrecarga de trabajo que, juntoa la insuficiencia de medios materiales y personales, los registros nopueden soportar y a la que les es imposible dar respuesta en un tiemporazonable.A pesar de las medidas que se han ido adoptando no se ha conseguidola agilización del servicio, lo que queda constatado por elaumento del número de quejas que recibe esta Institución sobreel mal funcionamiento de este servicio público y porque en prácticamenteel 100 por cien de ellas el ciudadano tiene razón y está justificadasu denuncia.El servicio público que presta el Registro Civil, ya sea con la expediciónde documentos, tales como certificaciones de nacimiento,de defunción, de matrimonio, o con la resolución de expedientes dematrimonio, de nacionalidad o de nacimiento son premisa imprescindiblepara el reconocimiento de determinadas circunstancias personalesque condicionan el ejercicio de derechos y libertades y elcumplimiento de deberes.No podemos olvidar que, en el desarrollo del Estado de las autonomías,una vez que se ha producido el traspaso de funciones yservicios de la Administración del Estado a las comunidadesautónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid y por tantoel de los Registros Civiles de Alcalá de Henares y de Torrejón deArdoz, el Ministerio de Justicia ejerce sus competencias de formaconcurrente con las de la comunidad autónoma en la gestión de losmedios personales adscritos a los registros civiles. Asimismo, laConferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia, ensu reunión de 5 de diciembre de 2008, acordó la creación de laComisión Permanente sobre la mejora del funcionamiento de losregistros civiles, en la que estarán presentes todas las comunidadesautónomas.Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 dela Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se ha acordado incoar de oficio lapresente queja así como, al amparo del artículo 30 de la citada leyorgánica, y en la medida en que la cuestión expuesta afecta a derechosfundamentales constitucionalmente reconocidos, se ha consideradooportuno dar traslado a V. E. y al Excmo. Sr. Consejero de152