documento - Defensor del Pueblo

85/2009 RECOMENDACIONESRespecto a la apreciación de la carencia de legitimación del interesado,aun no desconociendo la versatilidad y casuística relativa aesa condición en un procedimiento administrativo, esta Instituciónno coincide con la falta de reconocimiento de esa cualificación al promotorde la queja, por cuanto, a nuestro criterio, le asiste esa consideracióncomo titular de un interés legítimo individual, conforme alo establecido en el artículo 31.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ydel Procedimiento Administrativo Común, ni tampoco se comparte eltratamiento otorgado a las tres peticiones formuladas por el señor(...) y a su argumentación, que niega tal condición, fundamentalmente,según se indica, ante la inexistencia de una relación contractualy por la falta de impugnación de la adjudicación de las plazas.En esa línea, no puede desconocerse del análisis de la jurisprudenciaexistente al respecto y de la doctrina del TribunalConstitucional, que pasa por la identificación del interés legítimo,con la idea de un interés personal protegido por el Derecho.Este alto tribunal, desde su Sentencia de 1 de junio de 1985, havenido reiterando que, a partir de la Constitución, se ha extendido lalegitimación a la defensa de los intereses legítimos, concepto másamplio que el de interés directo. Y perfila el concepto de interés legítimoseñalando que es el que tienen aquellas personas que por razónde la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstanciapersonal o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, sontitulares de un interés propio, distinto del de cualquier ciudadano, aque los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídicocuando, con motivo de la persecución de fines de interés general,inciden en el ámbito del interés propio, aun cuando la actuación deque se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.Ahora bien, la evolución jurisprudencial y doctrinal sobre el conceptode legitimación obliga a distinguir y precisar los siguientesconceptos: interés legítimo, interés directo, intereses colectivos odifusos, y el mero interés por la legalidad. A través de los conceptosde interés legítimo e interés directo se garantiza una utilidad específicaal interesado; y es que frente a las potestades administrativas,el administrado es titular de una esfera jurídica cuyo contenido setraduce en una utilidad sustantiva específica.Junto a ello, hay que situar intereses colectivos o difusos quecorresponden por igual a todos los ciudadanos, cuyo reconocimiento374