documento - Defensor del Pueblo

141/2009 RECOMENDACIONESexistencia de una serie de recursos relacionados con la movilidad, adecuadosa nuestro ordenamiento, que se refieren a la solución de estaproblemática mediante la concesión de comisiones de servicios, bienpor causas de índole social o de salud, por motivos humanitarios o porrazón de violencia de género, pero que, salvo este último supuesto,naturalmente, encuentran su máxima expresión a través del derechoa la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.Este derecho, inicialmente reconocido a través de la Ley 39/1999, de5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar ylaboral de las personas trabajadoras, ha sido concretado para todos losfuncionarios en el artículo 14.j) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, delEstatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, por lo tanto, constituyela cláusula de apoderamiento para promover cuantas acciones seannecesarias en orden a facilitar la conciliación, en la medida en que éstasea compatible también con aquellas actuaciones destinadas a garantizarla calidad en el servicio público educativo.La previsión contenida en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007,de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituyetambién una cláusula de garantía específica de dicho reconocimientoen el ámbito de la movilidad del personal, al establecer que enlas bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo secomputará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de loscorrespondientes méritos, el tiempo que las personas candidatashayan disfrutado de permisos y beneficios de protección a la maternidady la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.De los informes citados –y así lo ha expresado esta Defensoría en laevaluación inicial de esta problemática– también se destaca el hecho deque la normativa que regula los concursos de traslados de ámbitonacional para la provisión de plazas correspondientes a los cuerposdocentes, no establece unos criterios de baremación que contemplen lasituación de alejamiento del funcionario o de la funcionaria de su residenciahabitual y, en su caso, de sus hijos menores de edad o de familiaresnecesitados de atención.Por ello, puede entenderse el criterio de la Administración de actuarconforme a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera dela Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que dispone que, en tantono sean desarrolladas las previsiones contenidas en dicha norma queafecten a la movilidad mediante concurso de traslados de los funcionariosde los cuerpos docentes en ella contemplados, la movilidad se ajustaráa la normativa vigente a su entrada en vigor. Refuerza esta626