documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 11/2009amplia y detallada los cambios previstos en las normas y las ventajasque comportan a medio plazo. De igual manera es necesaria unaexplicación sobre la aplicación de las distintas tarifas para saber acuál de ellas desean acogerse y comunicarlo a la empresa distribuidoraen el plazo establecido.El déficit informativo o una mayor transparencia en los cambiosque se iban a producir ha dado lugar a que en muchos casos la primeranoticia que han tenido los consumidores ha sido una carta tipoenviada por las compañías distribuidoras anunciando la desapariciónde la tarifa nocturna a partir del 1 de julio del 2008, e invitándolesa que antes de esta fecha comunicasen a la empresa la tarifa ala que deseaban acogerse; en caso contrario se aplicaría de formaautomática la tarifa general con discriminación horaria en funciónde la potencia contratada por cada cliente, sucediendo que cuandohan solicitado información o asesoramiento a sus respectivas compañíasno se les ha atendido o no se les ha dado soluciones a sus situacionesparticulares.Dicho lo anterior, se ha de hacer alusión necesariamente a larescisión unilateral de los contratos suscritos en su momento entrelas empresas y sus clientes, lo que es bien sabido que no se ajustaal principio de buena fe recogido en el título preliminar del CódigoCivil. Del mismo modo en la exposición de motivos de la Ley 4/1999,de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, seintroducen dos principios de actuación de las AdministracionesPúblicas derivados de la seguridad jurídica, principio consagradoen el artículo 9.3 de la Constitución, tales son el principio de buenafe, y de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuaciónde las administraciones públicas no puede ser alterada arbitrariamente.Estos principios generales están expresamente recogidos en elartículo 3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que desarrollael artículo 103 de la Constitución Española, y añade que las administracionespúblicas deberán respetar en su actuación los principiosde buena fe y confianza legítima, y se rigen por los criterios de eficienciay servicio a los ciudadanos. En cuanto a sus relaciones con losciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidadcon los principios de transparencia y de participación.La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamientode la Administración General del Estado, en su artículo 3 enumeralos principios a los que ha de someterse la Administración Pública81