Informe-175-Derechos-humanos-de-personas-LGBTI

y Adolescentes (Ley Nº 27337), la Ley contra actos discriminatorios (Ley Nº
26772, modificada por Ley Nº 27270), el Reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo (Decreto Supremo Nº 019-2006-TR), entre otros.
28. En este sentido, los Principios de Yogyakarta constituyen una fuente de
interpretación válida y necesaria para las distintas entidades del Estado cuando
tengan que adoptar cualquier decisión o medida que involucre los derechos de la
población LGBTI, más aún cuando tales Principios vienen siendo utilizados por
los órganos de tratados al momento de perfeccionar definiciones, criterios y
postulados en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y
cuyas decisiones tienen implicancias para el Estado peruano en el cumplimiento
de su obligación internacional de garantizar de modo efectivo el derecho a la
igualdad y no discriminación de todas las personas.
29. Con base en las consideraciones precedentes, estimamos que debe corregirse
el criterio jurídico-penal que estima que la identidad de género y la orientación
sexual de las personas no está contenido como motivo prohibido en el delito de
discriminación, previsto en el artículo 323º del Código Penal. En efecto, dicho
tipo penal establece como motivos que dan lugar a la configuración de la
conducta ilícita los siguientes: raza, religión, sexo, factor genético, filiación,
edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión
política o de cualquier índole, o condición económica.
30. Dotar de un mayor contenido la categoría sexo nos permitirá comprender que es
una construcción social que va más allá de ser un fenómeno biológico ligado a la
genitalidad de las personas —como lo propone la tesis heteronomativa que
justifica el sistema binario de reconocimiento masculino/hombre y
femenino/mujer—, para asumir el criterio de que por sexo debe entenderse
también los elementos físicos, psicológicos, sociales, culturales, así como las
creencias y convicciones que interactúan y se desarrollan en el transcurso de la
vida de las personas.
En tal sentido, el sexo constituye una expresión del derecho a la identidad de la
persona, ya que permite distinguirla e identificarla del entorno social. A partir de
ello se debe colegir que tanto la orientación sexual como la identidad de género
se encuentran contenidas en la categoría sexo, previsto como motivo prohibido
de discriminación.
EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANS
31. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad de las
personas trans. Para ello se requiere que asuma una definición de identidad que
comulgue con los actuales parámetros constitucionales y aquellos que se
derivan de sus obligaciones internacionales.
En ese sentido, el derecho a la identidad tiene que conceptuarse de manera que
las personas trans puedan ser reconocidas e individualizadas tal y como son y
se sienten, lo que incluye el reconocimiento de la proyección y de la
autoconstrucción personal. Dicha propuesta no es arbitraria. La evolución y
ampliación del catálogo de los derechos humanos —desarrollado a lo largo de
este informe— permite que en la actualidad se reconozca que la identidad está
compuesta por elementos estáticos y dinámicos, pues diversos aspectos de ella,
como el nombre, estado civil, imagen y el sexo son variables. En esa misma
línea, en los últimos años se han recogido nuevos criterios para entender que el
sexo está conformado no solo por elementos biológicos o cromosómicos sino
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