Informe-175-Derechos-humanos-de-personas-LGBTI

Respecto del resultado 4.4 (implementación de protocolos de atención con enfoque de
género e interculturalidad y respeto a la orientación sexual), se indicó que el VI, VII y
VIII Informe de Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres daban cuenta de la existencia de un número importante de Centros
Especializados de Referencia de ITS (CERITS) y Unidades de Atención Médica
Periódica (UAMP) para la atención de las poblaciones clave expuestas a mayor riesgo
de contraer una ITS o VIH/SIDA: trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo
con hombres. Igualmente, nos informaron que hasta el 2014, casi la totalidad de
establecimientos de salud del Ministerio de Salud conocían y empleaban los
“protocolos de atención con enfoque de género, interculturalidad y respeto a la
orientación sexual”, aunque sin alcanzar información sobre el contenido del protocolo
ni datos que permitan corroborar su empleo en dichos establecimientos.
En cuanto al Resultado 6.4 (disminución de los crímenes en razón de la orientación
sexual de la víctima), mencionaron la creación de la Comisión Nacional contra la
Discriminación (CONACOD) y de la Plataforma contra la Discriminación a cargo de
esta Comisión, las cuales presentaron un amicus curiae en un caso de violencia contra
una mujer lesbiana. Se señaló asimismo, que el MIMP viene dando continuidad al
Grupo de Trabajo para promover los derechos de las organizaciones, colectivos y
articulación de lesbianas.
Conviene destacar que recientemente se aprobó los Lineamientos para la atención de
personas LGBTI en los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual del MIMP, 141 orientado a establecer criterios técnicos para la atención integral
de este colectivo, víctima de hechos de violencia de género, familiar y sexual, con el
fin de que los profesionales de dicho programa les brinden una atención especializada,
libre de estigma y discriminación. Dicho documento consta de siete lineamientos
vinculados con los siguientes aspectos:
Reconocer que la atención a personas LGTBI víctimas de violencia sobre la base
de su orientación sexual, expresión o identidad de género, no exige la creación de
nuevos derechos ni que se concedan derechos especiales. Asimismo que las
personas LGBTI no son enfermas o que tengan algún tipo de patología.
Utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso (sin presuponer la heterosexualidad de
las personas), así como la observancia de su derecho a su autoidentificación.
Incorporar una atención especializada que reconozca las características de la
violencia hacia las personas LGTBI.
Reconocer que la violencia por orientación sexual, expresión y/o identidad de
género posee un componente de discriminación que podría contribuir al riesgo
permanentemente por tratarse de la identidad de la persona.
Contribuir a la recuperación emocional de las personas LGTBI afectadas por
hechos de violencia de género, familiar y sexual.
Contribuir a la protección efectiva de las personas LGTBI afectadas por violencia de
género, familiar y sexual que se encuentran en condiciones de riesgo y alta
vulnerabilidad.
Promover el acceso a la justicia de las personas LGTBI afectadas por violencia.
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Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE del 31 de marzo de
2016.
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