Informe-175-Derechos-humanos-de-personas-LGBTI

de 2015, respecto a que el Estado se encuentra obligado a brindar protección
reforzada a los derechos humanos de las personas transexuales, por ser un grupo
mucho más vulnerable dentro de la comunidad LGBTI, pues son víctimas de
discriminación, tratos crueles y denegación constante de sus derechos humanos,
como los de salud, educación, trabajo, entre otros:
[...] la comunidad trans forma parte de un grupo social históricamente sometido a
patrones de valoración cultural negativos, sus integrantes han sido víctimas de graves
violaciones a sus derechos y su situación socio económica evidencia de manera nítida
las circunstancias de desprotección y segregación que padecen. Dentro del sector LGBT
es justamente la población transgénero la que afronta mayores obstáculos para el
reconocimiento de su identidad y el goce efectivo de sus derechos, y constituyen las
víctimas más vulnerables y sistemáticas de la comunidad LGBT. Por lo anterior, esta
Corporación ha señalado que se trata de una población en condiciones de debilidad
manifiesta y en esa medida gozan de especial protección constitucional. 299
Esta sentencia reitera la noción de que los datos que permiten identificar a una
persona pueden ser modificados en atención a los derechos consagrados en la
Constitución Colombiana de 1991, en particular, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, la personalidad jurídica y la dignidad humana. 300 Igualmente establece
que la modificación del cambio de sexo puede efectuarse en la vía notarial y no solo
en la vía judicial, por cuanto esta se puede constituir en “un obstáculo adicional a los
que ya enfrentan las personas transgénero para lograr ser reconocidas y aceptadas
como tales por el resto de la sociedad,” 301 a lo que se aúnan los gastos de asesoría
legal, el tiempo de demora o las exigencias probatorias, algunas de las cuales pueden
ser incluso invasivas de su intimidad, como las pericias psicológicas o psiquiátricas, ya
que “desbordan los límites de la intimidad, pues obligan a las personas transgénero a
someter sus decisiones más íntimas y asuntos más privados de su vida al escrutinio
público por parte de todos los actores que directa o indirectamente intervienen”. 302
Cabe resaltar que la Corte colombiana considera que la consecuencia del cambio de
sexo en la vía notarial debe permitir los cambios en el Registro Civil y en otros
documentos de identificación, como la cédula de identidad y el pasaporte.
5.3. El reconocimiento de la identidad de género como derecho humano y sin
requisitos en la jurisprudencia argentina
Antes de la promulgación de la Ley de Identidad de Género de 2012, el cambio de
nombre y sexo de las personas transexuales se podía realizar solo mediante una
demanda judicial. La jurisprudencia fue la base para la legislación sobre la materia,
que evolucionó en la protección de los derechos de las personas trans. Así, a través
de pronunciamientos judiciales, pasó de autorizar o no intervenciones médicas de
“reasignación de sexo”, al reconocimiento de rectificaciones de nombre y sexo en las
partidas y demás documentación, sin exigir intervenciones quirúrgicas. 303
299
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-063/15. Fundamento 5.4.
300
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-063/15. Fundamento 4.5.
301
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-063/15. Fundamento 7.2.3.
302
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-063/15. Fundamento 7.2.3.
303
Reseñas desde el derecho comparado, en los países de Mercosur, sobre la identidad e identificación
en condiciones de igualdad: el reconocimiento de la identidad de las personas trans. En: Von Opiela,
Carolina (Coord.) Derecho a la Identidad de Género: Ley N° 26.743. 1ra. Edición- Buenos Aires: La Ley,
2012, p. 326.
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