Informe-175-Derechos-humanos-de-personas-LGBTI

LGBTI, afirmando su condición de derecho humano cuya plena satisfacción debe ser
garantizada por los Estados. Esto mismo ocurre en la jurisprudencia comparada.
5.1. El progresivo reconocimiento del derecho a la identidad de género en la
jurisprudencia del Sistema Interamericano y Europeo de Derechos
Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos –en adelante la Corte–, si bien no se
ha pronunciado directamente por el derecho de las personas LGBTI a cambiar su
nombre y sexo, sí se ha pronunciado respecto a la protección de su derecho a no ser
discriminadas por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata del
caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, cuyos hechos giraron, principalmente, en torno al
proceso de tenencia iniciado por el ex esposo de la señora Atala Riffo, que
consideraba que la convivencia de esta con su nueva pareja del mismo género no era
idónea para sus hijas, quienes ya no debían vivir con su madre. 280
En efecto, en la sentencia del 24 de febrero de 2012, la Corte por primera vez
interpretó los alcances del derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación
por orientación sexual o identidad recogida en el artículo 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana).
Dicha sentencia resulta de especial importancia porque establece una serie de
criterios de interpretación de derechos y/o aplicación de principios para todos los
Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre
ellos, el Estado peruano. En particular, sus interpretaciones sobre el derecho a la
igualdad y no discriminación, el derecho a la vida privada familiar y el principio del
interés superior del niño.
Por otro lado, desde 1980 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –en adelante,
el TEDH– aceptaba que la orientación sexual y las relaciones afectivas que se
establecían formaban parte de la vida privada de las personas. En esa medida, ese
ámbito de desarrollo de la vida de los seres humanos se encontraba tutelado por el
artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos –en adelante, la
CEDH–, que regula el derecho al respeto de la vida privada y familiar. 281 No obstante,
no había pronunciamientos sobre las obligaciones del Estado en relación con aceptar
las pretensiones de cambio de datos sobre la identidad de las personas; en particular,
el cambio de nombre y sexo de las personas trans.
Antes del 11 de julio del 2002, el TEDH no había acogido favorablemente las
demandas de vulneraciones de los derechos de la población trans, pues daba
preferencia a la legislación de cada Estado europeo sobre la materia. Así lo podemos
advertir en los casos Rees v. Reino Unido 282 y Cossey v. Reino Unido, 283 en los cuales
se optó por respetar la legislación de Reino Unido que imposibilitaba rectificar los
datos referidos al sexo en los registros o actas de nacimientos, argumentando que
este era un aspecto en el que los Estados tenían libertad de regulación, por cuanto no
existía un acuerdo en los Estados Europeos al respecto. Cabe indicar que la
legislación inglesa sí permitía el cambio de nombre y de sexo en otros documentos,
como el documento de identidad, el pasaporte o la licencia de conducir; sin embargo,
280
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fundamento 91.
281
Ver sentencias expedidas en los siguientes casos: Dudgeon v. Reino Unido, del 22 de octubre de
1981. Fundamento 41, y A.D.T. v. Reino Unido, del 31 de Julio de 2000. Fundamento 23.
282
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Rees v. Reino Unido. Sentencia del 17 de octubre de
1986.
283
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Cossey v. Reino Unido. Sentencia del 27 de
septiembre de 1990.
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