Informe-175-Derechos-humanos-de-personas-LGBTI

Entre las normas que se ocupan del derecho al nombre de una persona podemos citar
a los artículos 19 y 25 del Código Civil. El primero establece que toda persona tiene el
derecho y el deber de llevar un nombre (que incluye al apellido). El segundo señala
que la prueba referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros
de estado civil. En ese sentido, el artículo 44 de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del
Reniec, y el artículo 3 de su reglamento 192 señalan los actos que se inscriben en el
Registro de Estado Civil, tales como los nacimientos (lo que implica la inscripción del
nombre y apellido de las personas) y los cambios o adiciones de nombres.
Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico ha optado por el principio de inmutabilidad
del nombre, aunque con una excepción. El artículo 29 del Código Civil establece que
“Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y
mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita”. Al respecto, el
Tribunal Constitucional ha sostenido que:
[S]e puede decir que una persona tiene un motivo justificado para realizar cambio de
nombre cuando se le ha asignado uno extravagante o ridículo, que sea móvil para la
burla de terceras personas, con la consiguiente afectación de su tranquilidad y bienestar.
Asimismo, podría proceder el cambio de nombre de una persona que es homónima de
un avezado y famoso delincuente o de una persona que ha sufrido escarnio público,
pues tales coincidencias le impedirían realizar normalmente sus actividades cotidianas,
por las continuas discriminaciones o temores de los que sería víctima. 193
De otro lado, no existe una norma específica que señale la vía procesal para el cambio
de nombre y sexo. Como se tendrá oportunidad de analizar más adelante, el cambio
de nombre de las personas trans se tramita vía proceso contencioso y en otros casos
vía proceso no contencioso. Dentro de primer grupo, el tipo de proceso más utilizado
es el de conocimiento, para lo cual se invoca el numeral 1 del artículo 475 del Código
Procesal Civil. 194 Como es bien conocido, este proceso es el que tiene más etapas
procesales y, por ende, resulta más extenso, lo que afecta en la práctica los derechos
fundamentales a la tutela jurisdiccional, identidad de género y libre desarrollo de la
personalidad.
En relación con el cambio de sexo existen mayores barreras para el reconocimiento de
esta pretensión, pues al igual que con el nombre, las personas trans deben acudir al
Poder Judicial para lograrla, a pesar de que las demandas son mayoritariamente
rechazadas por los jueces ante la falta de comprensión del significado de la identidad
de género de las personas.
Asimismo, si bien el Código Procesal Constitucional no señala expresamente que el
derecho a la identidad de género está tutelado por el amparo, su protección se
desprende de la consideración del sexo como causa prohibida de discriminación. En
efecto, el inciso 1 del artículo 37 del mencionado Código señala que «el amparo
procede en defensa de los siguientes derechos: 1) De igualdad y de no ser
discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión,
condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.»
192
Aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 015-98-PCM del 25 de abril de 1998.
193
STC N° 2273-2005-PHC/TC (K.M.Q.C.). Fundamento 20.
194
El numeral 1) del artículo 475º del Código Procesal Civil señala que se tramitan en proceso de
conocimiento ante los juzgados civiles los asuntos contenciosos que no tengan una vía procedimental, no
estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza o
complejidad de la pretensión el Juez considere atendible su tramitación.
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