BIOETICA Y PSIQUIATRIA

- Protección Penal
BIOÉTICA Y PSIQUIATRÍA. LOURDES MENDIBURU.
El artículo 199 del Código Penal de 1995 en su nº 2, castiga al profesional que con
incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva divulgue los secretos de otra persona con la
pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha
profesión por tiempo de dos a seis años. Este precepto está enmarcado en el titulo X del Código
Penal que regula los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio, y lo configura en el capitulo 1 del mismo como un delito de descubrimiento y
revelación de secretos, siendo una novedad del actual Código Penal, pues el anterior sólo
sancionaba con carácter general la violación del secreto profesional que pudieran cometer los
abogados y procuradores.
- Protección administrativa
En el ámbito de la responsabilidad Colegial, los Estatutos Generales de la Organización
Médica General (EGOMC) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aprobado
por el Real Decreto 1018 de 19-Mayo-1980 establece en su articulo 64, nº 3, como falta
disciplinaria grave la infracción del secreto profesional, por culpa o negligencia, con perjuicio
para terceros y en su nº 4, como falta muy grave la violación dolosa del secreto profesional.
Conforme al articulo 65, la falta grave se sanciona con suspensión del ejercicio profesional por
tiempo inferior a un año y la muy grave con la suspensión por tiempo superior a un año e inferior
a dos.
En el ámbito de la responsabilidad administrativa, el Estatuto Jurídico del personal médico
de la Seguridad Social, aprobada por decreto, de 23-Diciembre-1966 en su artículo 66 considera
falta grave el quebranto del sigilo profesional que sanciona con suspensión de empleo y sueldo,
dependiendo de las circunstancias del caso. En el ámbito de la protección de datos la ley
Orgánica de 13-Dic-99, establece como infracción muy grave la vulneración del deber de guardar
secreto sobre los datos de carácter personal, relativos, entre otros, a la salud y a los servicios
sanitarios sancionándola con multa de 50 a 100 millones de pesetas.
Historia clínica
La Ley 41/2002 establece el deber de secreto del profesional que accede a los datos de la
historia clínica en el ejercicio de sus funciones, disponiendo que el acceso con fines judiciales,
epidemiológicos, de salud pública, docencia o investigación, se rige por la Ley Orgánica de
Protección de Datos y por la General de Sanidad (art. 16.3 de la ley 41/2002). El acceso con estos
fines, que quedará limitado estrictamente a los mismos, obliga a preservar los datos de
identificación personal del paciente, separados de los clínico-asistenciales de manera que como
regla general se garantice el anonimato, salvo consentimiento del paciente.
La ley exceptúa los supuestos de investigación judicial en los que se considere
imprescindible la unificación y en los que se estará a lo que se disponga por jueces y tribunales
(art. 16.3 de la ley 41/2002). La Ley establece también que el derecho de acceso del paciente a la
historia clínica no puede ejercerse en perjuicio del derecho a la confidencialidad de los datos de
terceras personas recogidos en interés terapéutico del paciente o a la reserva de anotaciones
subjetivas de los profesionales (art. 18.1, 18.2 y 18.3)
Finalmente la Ley salvaguarda los derechos del fallecido disponiendo que el acceso a su
historia clínica sólo se facilitará a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho,
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