BIOETICA Y PSIQUIATRIA

BIOÉTICA Y PSIQUIATRÍA. LOURDES MENDIBURU.
intervención, así como sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento, la persona
afectada podrá retirar libremente su consentimiento”.
Código Penal
Menciona el CI al tratar de diversos delitos como causa que excluye o limita la
responsabilidad profesional. En concreto, en los delitos de lesiones, si ha mediado el
consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la
pena inferior en uno ó dos grados, de suerte que el consentimiento no excluye la
responsabilidad penal, pero la atenúa (art. 155). En cambio, en otras ocasiones el
consentimiento válido, libre, consciente y expresamente emitido, exime, ahora sí, de
responsabilidad penal: en los supuestos de transplante de órganos, esterilización y cirugía
transexual realizada por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido
viciosamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor o incapaz, en cuyo
caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales (art. 156).
Ley General de Sanidad
Como se ha dicho antes, la Constitución dispone que la ley establecerá los derechos y
deberes de todos a propósito del derecho a la protección de la salud. En aplicación de esta
norma fundamental se dictó la ley General de Sanidad (ley 14/1986, de 25-Abril), en la que se
recogieron una serie de preceptos en relación con el tema que ahora tratamos. Dichos
preceptos (artículos 9, 10 y 11) establecen la obligación de los poderes públicos de informar
de sus derechos y deberes a los usuarios de los servicios del Sistema Sanitario Público o
vinculados a él; disponen que todos tienen derecho a que se les dé en términos comprensibles
a ellos y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita
sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronostico y alternativas de tratamiento;
determinan las excepciones; configuran la negativa al tratamiento, el alta voluntaria, y los
aspectos fundamentales de la historia clínica (art. 9, 10, 11 y 61). Además, todo lo relativo al
consentimiento y a la información se aplicaba también a los servicios sanitarios privados, en
los términos de la citada ley.
Otros informes y acuerdos
Es interesante destacar que se han producido dos documentos en materia consentimiento
informado, que por su importancia, merece tener en consideración. El primero es el acuerdo
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre el Consentimiento Informado
adoptado en la sesión plenaria de 6-noviembre-95. El segundo se refiere al documento final
del Grupo de Expertos sobre Información y Documentación Clínica, de Noviembre-1997.
La ley básica reguladora de la autonomía del paciente
Se trata de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica (ley 41/2002), que deroga en
parte la ley General de Sanidad a la que completa y actualiza. Se trata de una ley aplicable a
todo el territorio español sin perjuicio de que el Estado y las Comunidades Autónomas
adopten en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para su
efectividad. Es un marco mínimo (básico) pero obligatorio, sin que pueda ser contravenido
por las normas de desarrollo, aunque se hayan dictado con anterioridad a la ley básica. Es de
aplicación supletoria en los supuestos de consentimientos informados especiales
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