BIOETICA Y PSIQUIATRIA

BIOÉTICA Y PSIQUIATRIA. LOURDES MENDIBURU
3.1 Conflictos éticos en el caso del perito
Como ya hemos comentado, el perito psiquiatra o psicólogo no establece una relación
terapéutica con el sujeto, por tanto, en lo que concierne al principio de No-maleficencia no
atiende a conceptos derivados de la indicación terapéutica. Sin embargo, en el amplio sentido
del principio “no dañar” se entiende la capacidad del perito de perjudicar al sujeto cuando no
desempeña adecuadamente su tarea pericial. Esta tarea tiene dos requisitos básicos que deben
cumplirse: 1) imparcialidad, aun siendo pagado por parte, 2) objetividad y respeto a la verdad,
lo que obliga al perito a movilizar todas las posibilidades de su ciencia para esclarecer el
objeto de su función (“nunca a beneficio de inventario” aunque se vaya de parte) y servir de
auxilio a la justicia.
Serán por tanto situaciones conflictivas en relación a este primer principio:
- El desarrollo de esta actividad cuando no se está preparado para ello (falta de
conocimiento para resolver lo que se solicita, falta de medios, etc.)
- Impericia o falta de interés en el desarrollo de la tarea sin realizar todos los actos al
alcance de la ciencia para cumplir adecuadamente la tarea encomendada.
- Los informes “parciales”, sesgados o claramente inciertos, elaborados para una
parte, habitualmente por motivos económicos o afectivos.
- El ir más allá de la actividad pericial estableciendo con el sujeto una relación, bien
personal, bien asistencial, impropia del ámbito pericial en que se desarrolla la labor.
En relación con el principio de Justicia, el dictamen psiquiátrico y psicológico debe ser
considerado un elemento más en el proceso judicial y por tanto, en el cumplimiento del deber
equidad y reparación, encomendado a la administración de justicia en cualquiera de sus
ámbitos. El acceso justo y equitativo a la pericia, a un dictamen pericial imparcial y correcto,
supone para el perito el cumplimiento de los objetivos anteriormente comentados,
independientemente de quién le haya contratado (la propia administración de justicia o una
parte).
Este principio encuentra su principal problema o conflicto en la falta de imparcialidad
en el dictamen, situación que comparte con el principio anterior. Si el perito, en base a
razones de índole afectiva, económica o de otro tipo, sesga su interés y celo profesional,
oculta deliberadamente la verdad o miente, o utiliza diferenciadamente los medios a su
alcance para aplicar su ciencia a la causa, con perjuicio de unos sobre otros, afecta a la justicia
del proceso y por tanto buscando el beneficio particular daña el bien común y la equidad.
Con relación al principio de Beneficencia algunas diferencias deben establecerse para la
función pericial. El objetivo de perito no implica en ningún momento el “hacer bien” al sujeto
que hay que peritar, sino que sirve a un bien superior que es el bien colectivo de la justicia. El
objetivo no es curar, aliviar o cuidar, sino establecer las relaciones entre los aspectos
psicológicos o psiquiátricos, y los hechos que son motivos de actividad judicial, sean de la
índole que sean. Es evidente que el sujeto puede salir beneficiado o dañado subjetivamente
por el resultado, pero eso no atañe al perito, ni depende directamente de él sino de la autoridad
judicial. La obligación de beneficencia del perito se establece con relación a la sociedad y se
cumple en el desempeño adecuado y justo de su cometido.
A este nivel, es un conflicto poner el beneficio del sujeto periciado por encima del
beneficio de la sociedad encarnada en la administración de justicia, o valorar el
beneficio/perjuicio del sujeto como elemento en la pericia, perdiendo la imparcialidad
requerida. Será función del Juez, a la vista de la totalidad de los datos aportados, dictar
sentencia en justicia y para mejor beneficio global.
Finalmente, con relación al principio de Autonomía, resulta de interés señalar el hecho
de que el perito, profesional clínico a menudo, recibe en la pericia, y esto especialmente en la
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