BIOETICA Y PSIQUIATRIA

BIOÉTICA Y PSIQUIATRIA. LOURDES MENDIBURU
La información o los informes derivados de la evaluación forense deben someterse a las
mismas reglas de confidencialidad que la propia evaluación y cualquier divulgación debe
quedar restringida en el mismo sentido”.
Es, por tanto, importante, que el evaluador éste alerta durante la exploración, acerca de
un posible desplazamiento de quien es evaluado hacia una “mentalidad clínica”. Esta
“mentalidad clínica” es incompatible con las cautelas de autoprotección adecuadas en el
examen forense puesto que éste no se orienta a la beneficencia terapéutica. El material clínico
también puede estar sometido a ciertas exigencias de confidencialidad que afectan no sólo a
los diversos documentos con un vínculo demostrado con el caso (historiales, informes,
declaraciones, etc.) sino también a los resultados de las propias evaluaciones del perito. Para
complicar más el asunto, las normas son diferentes en las diversas jurisdicciones: en alguna de
ellas la revelación puede ser total; nada de lo que obtenga o genere una de las partes queda
oculto para la otra. En otra jurisdicción diferente la protección sobre el “resultado del trabajo”
puede ser tan extensa que incluso se oculta a los abogados el nombre del perito de la parte
contraria y mucho más su dictamen, hasta el mismo momento del juicio.
Una conducta ética para el psiquiatra forense implica el respeto a unas normas tan
importantes como éstas y el esfuerzo por mantener la confidencialidad del material de la
causa.
2. Consentimiento
Señala el código de la AAPL:
“Siempre que sea posible se debe obtener el consentimiento informado del sujeto
sometido a un examen forense. Cuando no sea preceptivo, hay que mencionar al examinando
la naturaleza de la evaluación. Si el sujeto no es competente para otorgarlo, se ha de obtener
un consentimiento por sustitución según las leyes de cada jurisdicción”.
Pese a las diferencias en la relación clínica, y por razones derivadas del principio ético
de respeto a las personas, siempre que sea posible debe obtenerse el consentimiento
informado del sujeto que va a ser evaluado. En la práctica forense hay algunas excepciones
(las valoraciones o tratamientos ordenados por un tribunal, o los internamientos involuntarios
con autorización legal). Las directrices de la AAPL dejan clara la distinción ética entre el
consentimiento para someterse a una evaluación (que puede invalidarse por mandato de un
tribunal) y el consentimiento para recibir un tratamiento, que puede regirse por una ley,
normativa, o estatuto específicos de una jurisdicción.
3. Honestidad y afán de objetividad
Este criterio, el más complejo, provocativo y casi el más esencial, se expresa así:
“Los psiquiatras forenses actúan como peritos en el seno de los procesos legales.
Aunque puedan ser contratados por una de las partes en un litigio de carácter civil o por la
acusación o la defensa en un asunto penal, están sujetos al principio de honestidad y
persiguen la objetividad. La evaluación clínica que realicen y la aplicación de los datos
obtenidos en la misma a los criterios legales deben realizarse en el espíritu del citado
principio y de los esfuerzos por alcanzar la objetividad. Esto mismo debe quedar reflejado en
el dictamen”.
Si la honestidad es una virtud aceptada, el hecho de que sea necesario afirmarla como
una de las normas, es debido al carácter excepcional de las presiones que sufre el facultativo
forense inmerso en un proceso contradictorio. En primer lugar, ejerce presión el abogado que
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