BIOETICA Y PSIQUIATRIA

BIOÉTICA Y PSIQUIATRÍA. LOURDES MENDIBURU.
La doctrina jurídica ha planteado una cuestión de gran interés en relación con la
problemática que nos ocupa. Es notorio que la operatividad y exigibilidad de los derechos
fundamentales contenidos en los art. 14 al 29, derechos y libertades, es inmediata, y, a tal
efecto, en orden a la protección y tutela de estos derechos, la constitución prevé el mecanismo
procesal del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, vía que podrá utilizar el
ciudadano, una vez agotada la vía judicial, cuando considere que han sido violados algunos de
esos derechos fundamentales.
No gozan de igual protección jurídica, en cambio, los derechos fundamentales
contenidos en los art. 30 a 52 de la Constitución, de carácter básicamente social y económico,
por lo que se ha suscitado la polémica acerca de su significado programático, carente de las
características propias de un derecho subjetivo exigible ante los Tribunales.
La cuestión no es baladí en el tema que nos ocupa, pues de ello depende la
interpretación correcta de los art. 43 y 49 de la Constitución Española y el consiguiente
reconocimiento de un derecho subjetivo del enfermo mental a la asistencia psiquiátrica con
cargo a los fondos públicos. Si se interpreta como un objetivo programático, el enfermo
mental carecería frente a los poderes públicos, del derecho subjetivo a dicha prestación
exigible ante los Tribunales de Justicia, y, por tanto, se trataría más bien de una expectativa de
derecho, que de un derecho subjetivo propiamente dicho.
De lo anteriormente expuesto se deduce la existencia de un derecho subjetivo del
enfermo mental a la asistencia y protección por parte de los poderes públicos, deducido del
art. 49 de la Constitución.
Cabe interpretar que la “atención especializada” no es otra cosa que la asistencia
psiquiátrica precisa para los objetivos propuestos: prevención, tratamiento, rehabilitación e
integración. Con unos medios instrumentales y servicios especiales apropiados a la situación
propia y singular del enfermo mental.
Reforma psiquiátrica: Informe de la Comisión Ministerial (1985)
Se trata de una serie de propuestas encaminadas a, fundamentalmente, potenciar la
prevención, reducir las necesidades de hospitalización por causa psíquica mediante la
creación de recursos alternativos eficaces, incentivar los programas de rehabilitación,
establecer un nivel de prestaciones sociosanitarias suficientes para el paciente mental, y
tutelar los derechos civiles del paciente frente a las acciones sanitarias que puedan limitar su
libertad. Para ello, entre otras medidas, figuraban: la prestación de atención psiquiátrica en los
hospitales generales; la puesta en marcha de planes específicos para los hospitales
psiquiátricos, orientados a su transformación y progresiva superación, simultaneados con
acciones alternativas fuera de los mismos y dentro de las Areas de Salud. Y la creación de una
Red de Salud Mental ambulatoria en todas las Areas de Salud.
Ley General de Sanidad (1986)
No tiene ningún articulo específico para el enfermo mental, pero sí sentó las bases para
una serie de derechos que poco a poco van entrando en los centros de Salud mental y en otros
centros hospitalarios, como son el derecho a la información, la confidencialidad, el
consentimiento informado, que hemos tratado con extensión en otros capítulos de este trabajo,
y que vienen más explicitados en la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
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