BIOETICA Y PSIQUIATRIA

BIOÉTICA Y PSIQUIATRÍA. LOURDES MENDIBURU.
Cláusula de restricción general
El ejercicio de los derechos expuestos en los presentes principios pueden estar sujetos
solamente a restricciones prescritas legalmente y que son necesarias para proteger la salud o
seguridad de la persona aludida o de otras, o también para proteger la seguridad pública, el
orden, la salud o la moral o los derechos y libertades fundamentales de terceros.
Principio 1.
Libertades y derechos fundamentales
1.Todas las personas tienen el derecho a la mejor atención psiquiátrica posible que debe
ser parte del sistema de atención sanitaria y social.
2.Todas las personas con enfermedad mental o a quienes se les trata por esa causa deben
ser atendidas con humanidad y respeto por la dignidad inherente a la persona humana.
3.Todas las personas con enfermedad mental o a quienes se les trata por esa causa,
tienen el derecho a ser protegidas contra la explotación económica, sexual o de otra índole y
el maltrato físico y otro trato degradante.
4.No se hará discriminación por razones de enfermedad mental. La “discriminación”
implica cualquier distinción, exclusión o diferencia que tenga el efecto de anular o destruir un
goce igualitario de los derechos. No se considerarán discriminatorias las medidas especiales
que se adoptan solamente para proteger los derechos, o para asegurar la mejoría de las
personas con enfermedad mental. La discriminación no debe implicar ninguna distinción,
exclusión o preferencia, prevista de acuerdo con las disposiciones de los presentes principios
y necesarias para proteger los derechos de una persona con enfermedad mental, o los otros
individuos.
5.Toda persona con enfermedad mental tendrá el derecho a ejercer todos los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como está reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (11), el Convenio Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (12), el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos (13), y en otros documentos pertinentes, como lo son la Declaración de los Derechos
de las Personas Discapacitadas (14), y el Conjunto de los Principios para la Protección de
todas las Personas que se hallan bajo cualquier Forma de Detención o Prisión (15).
6.Toda decisión acerca de que, por razones de su enfermedad mental, una persona
carece de capacidad legal y cualquier decisión de que, a raíz de esa incapacidad, deba
nombrársele un representante personal, se tomará solamente después de realizar una justa
audiencia ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la legislación interna. La
persona cuya capacidad está en duda debe tener derecho a ser representada por un asesor
legal. Si la persona cuya capacidad está en duda no está en condiciones de procurarse esa
representación, se le designará ésta gratuitamente en la medida en que el paciente no tenga los
medios suficientes para pagarla. El asesor no debe representar en el mismo procedimiento a la
institución psiquiátrica o a su personal, y tampoco representará a un miembro de la familia de
la persona cuya capacidad está en duda, a menos que el tribunal reconozca que no hay
conflicto de intereses. Las decisiones referentes a la capacidad y a la necesidad de tener un
representante personal deben ser revisadas a intervalos razonables, prescritos por la
legislación interna. La persona cuya capacidad está en duda, su representante personal, si
tiene alguno, y cualquier otra persona interesada tendrán el derecho de apelar esa decisión
ante una instancia más alta.
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