BIOETICA Y PSIQUIATRIA

BIOÉTICA Y PSIQUIATRÍA. LOURDES MENDIBURU.
En nuestro país, no existe un código específico de psiquiatría, pero sí podemos hacer
algún comentario al Código de Etica y Deontología Médica, que afecta a todos los
profesionales médicos, siguiendo los comentarios del Dr. Gonzalo Herranz.
Nuestro Código de Etica y Deontología Médica (CEDM) pertenece, junto con los de
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suiza, al tipo propio de la Europa
continental. A pesar de su título, tiene más de código de deontología que de código de ética,
pues no es una presentación de principios de filosofía moral que ayuden a analizar problemas
y a tomar decisiones, sino que es un elenco orgánico de normas de carácter formal y positivo,
de apariencia casi jurídica, pero intrínsecamente médicas. Eso es lo propio del estilo
deontológico, que aspira a formular la sustancia moral en un lenguaje híbrido de técnica, ética
y derecho.
Un código deontológico, para este autor también, es expresión, la más cualificada, de la
autonomía y autorregulación profesionales: sus artículos son el resultado del proceso interno
de seleccionar, debatir, someter a prueba y finalmente, fijar en un texto las buenas prácticas:
un proceso lento y recurrente que procura basarse en la rectitud, la responsabilidad, y la
deliberación democrática. Aunque el proceso de redacción tiene lugar en el interior de la
profesión, el CEDM no flota en el vacío social. Tiene legitimidad social porque es la
respuesta que la profesión da al mandato de la comunidad a la que sirve. La sociedad exige de
los médicos un compromiso serio ante el hecho (no por cotidiano, menos asombroso) de
poner la gente, sus vidas, sus cuerpos, y su bienestar en manos de los médicos. Estos, en
cuanto miembros de la profesión, asumen, por medio del CEDM, un serio compromiso de
competencia técnica y calidad moral y ofrecen a la sociedad los deberes a que se obligan para
dar satisfacción a las justas aspiraciones de los pacientes. Ese compromiso se contrae
públicamente y es operativo desde el momento en que se promulga el código.
Tampoco flota el CEDM en el vacío jurídico. No es como otros códigos (Francia,
Luxemburgo) parte del ordenamiento legislativo del país y elemento de la jurisdicción civil.
No le falta al nuestro un apoyo legal sólido, suficiente para obligar a los colegiados a cumplir
sus preceptos bajo pena de sanciones bien definidas y protegerles de injerencias impropias. En
efecto, detrás del CEDM, respaldando su fuerza vinculante y prestándole vigor jurídico, están,
por un lado, los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial (OMC), (Real
Decreto 1018/1980), la ley genuinamente médica que aunque en proceso de reforma, siguen
vigentes. Y está la ley de Colegios Profesionales de 1974, que, aunque remozada en 1978 y
modificada en 1997, sigue crónicamente pendiente de la profunda innovación exigida por el
mandato expresado en el articulo 36 de la Constitución Español. A falta de esa nueva Ley de
Colegios Profesionales, consuela ver que no escasea la jurisprudencia de Tribunal
Constitucional, increíblemente protectora de la gestión deontológica.
No es fácil resumir lo que esa legislación establece. Se puede, sin embargo, destacar un
dato esencial: esas leyes consagran el principio de autorregulación ética de las profesiones. En
concreto, determinan que sean los colegios quienes se ocupen democráticamente de regular lo
que se refiere a la conducta técnica, al respeto de los valores éticos, a la protección de los
derechos de los pacientes y al ejercicio de la función disciplinaria. Esa es la tradición jurídica
dominante en Europa, que ha garantizado una conexión eficaz y satisfactoria entre libertad,
responsabilidad y eficacia, y que ha permitido, además, mantener las actividades
profesionales lejos de las injerencias de la política, del control de los grupos de poder y de las
amenazas del juicio penal. Supuestos los requisitos de buen funcionamiento, operatividad, y
actualización de las instituciones colegiales, la regulación deontológica se ha mostrado capaz
de desarrollar las virtudes tradicionales que forman parte del “ethos” de las profesiones y de
crear un clima de confianza de los ciudadanos en ellas, a través de los requisitos éticos de
probidad y rectitud que se exigen a los colegiados. Ese ambiente de calidad ética solo es
posible en una sociedad madura, la cual exige de los profesionales el abandono de posiciones
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