ISSN 0123-3637 - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Unido. En este programa se afirmó que la BPhabía firmado un contrato con Defence SystemsLimited (empresa privada de seguridad británica)para impartir cursos de formación en técnicascontrainsurgentes que, según los informes, incluíanmanejo de armas letales, fuego de francotiradory lucha cuerpo a cuerpo, a una unidad policialencargada de proteger al personal de BP y susinstalaciones de la región de Casanare.”La formación contrainsurgente se acompañaba defuertes sumas con las cuales BP contrató fuerzapública colombiana para proteger sus negocios.Soberanía a cambio de dólares. Por su parte, el NewYork Times publicó un informe en el cual señalóque BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales delEjército colombiano para intensificar y asegurar lasinstalaciones petroleras a lo largo del país. Se estimaque BP pagó en esos años entre 54 y 60 millones dedólares para protección privada.actividades de British Petroleum en Casanare y pidea las compañías petroleras europeas que observenlas normas más estrictas de respeto de los derechoshumanos y de protección del medio ambiente, enespecial considerando las condiciones de conflictoen las que trabajan” 37Por su parte la Unión Sindical Obrera –USOdenuncióel 15 de Febrero de 1999 una seriede irregularidades en la actuación de la BP,relacionadas con el evidente apoyo británicopara la presencia de la empresa en Colombia, losincumplimientos y componendas en los contratosrealizados entre la BP y ECOPETROL, corrupcióny anuencia del mismo Gobierno colombiano enrelación a la empresa, violación de los derechosde los campesinos y trabajadores en la región,daños ambientales y la clara relación que ya hemosdescrito: BP, paramilitares, Ejército, empresas deseguridad privada.Casanare: exhumando el genocidioEsta situación no ha cambiado en el presente. ElEjército colombiano, a través de la Brigada XVI,sigue recibiendo dineros de la BP, y según nos haninformado diversas fuentes, además de los contratosformales, la empresa da un bono de entre 700.000 y800.000 pesos a oficiales y suboficiales por su papelen la protección de la infraestructura petrolera. Enlos años 90 también se denunció el apoyo bélicodirecto por parte de esta empresa al Ejército. Comoafirmó Amnistía Internacional, es alarmante queDSC/OCENSA haya comprado material militar parala XIV Brigada del Ejército colombiano, que tiene unhistorial atroz de violaciones de derechos humanos.Precisamente cuando DSC/OCENSA comprómaterial militar en 1997, un grupo importante demilitares pertenecientes a la XIV Brigada estabansiendo investigados por complicidad en unamatanza de 15 civiles desarmados en la localidad deSegovia (Antioquia) en abril de 1996 y por vínculoscon organizaciones paramilitares responsables deviolaciones generalizadas a los derechos humanos.Las denuncias sobre las violaciones a los derechoshumanos por parte del Ejército colombiano y laBP en esos años son claras y provienen de variossectores. Por ejemplo, en 1998 el ParlamentoEuropeo condenó al Gobierno colombiano porsu permisividad ante la situación ocasionada porla petrolera. Desde allí se: “Pide al Presidente deColombia que publique íntegramente el informede su Comisión de Derechos Humanos sobre lasAhora bien, esta estrategia de seguridad coincidiócon la aparición y fortalecimiento de gruposparamilitares en el departamento del Casanare. Elgrupo de MARTÍN LLANOS y las AutodefensasUnidas del Casanare crecieron durante los añosnoventa gracias a las regalías del petróleo y a unapoyo evidente de las fuerzas armadas de Colombia(sin mencionar el papel que jugó en ello la clasepolítica, y dentro de ellos el hoy Presidente del país,Álvaro Uribe Vélez).Justamente a través de operaciones conjuntas entreEjército y grupos paramilitares fueron exterminadoslos dirigentes de las principales organizacionessociales del departamento de Casanare queaglutinaban a campesinos, trabajadores y activistassociales. Estos líderes y su trabajo comunitario,según palabras de los mismos funcionarios de laBP y de la fuerza pública, eran obstáculos para elnormal desarrollo de la actividad de explotaciónpetrolera en la región. Como era de esperarse,una vez asesinados los dirigentes sociales, lasorganizaciones desaparecieron.Sin oposición de sectores civiles, con unparamilitarismo que penetró hasta las institucionespúblicas y con una militarización de la vida diaria porcuenta de la estrategia de “Seguridad Democrática”de los últimos 5 años, la BP ha logrado unentorno tranquilo para la explotación del petróleo37 Madrid, 3 de noviembre de 1996106