ISSN 0123-3637 - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Cronología de la agresiónNota: se ha hecho un esfuerzo por llegar a las familias mismas de las víctimas con el fin de documentar sus casos. Sin embargo, noshemos encontrado con el hecho del desplazamiento de muchas familias a causa del terror, sumado al paso del tiempo que hace olvidarfechas y circunstancias en los vecinos y amigos. De allí que esta reconstrucción cronológica sea muy incompleta pero es un intento desalvaguardar jirones de memoria en un mar de víctimas que han llegado a ser “anónimas”, dado que sólo quedó el recuerdo de personasque desaparecieron, que fueron ejecutadas o desplazadas, pero cuyos nombres se esfumaron con el tiempo y las ausencias.El primer caso que se encontró denunciado es de 1987:en la vereda Boquerón, del municipio casanareño deAguazul, el DAS detuvo ilegal y arbitrariamente alcampesino MARCO FIDEL MIRANDA BUSTOS, de 33años, dedicado al jornaleo agrícola, acusándolo de participaren un secuestro, y lo ejecutó, sepultando luego su cadáver enuna fosa común en el cementerio de Aguazul, donde su familiapudo más tarde identificarlo, exhumarlo y darle digna sepultura.Tanto la familia como la comunidad niegan rotundamente lasacusaciones del DAS pues no cabían dentro de la maneracorrecta de actuar de la víctima.Es evidente aquí la violación de los derechos humanosmás esenciales que afectan la Vida y la Libertad, comovalores fundamentales del ser humano, y que se tipificanen el Derecho Internacional como Detención Ilegal yArbitraria y Ejecución Extrajudicial, al tiempo hque elDIH considera esa privación de la vida como infraccióngrave y crimen de guerra en la modalidad de HomicidioIntencional de Persona Protegida, dado que el caso seda en el contexto de un conflicto armado. El episodiorevela el comportamiento de órganos del Estadoprevistos en el ordenamiento legal para coadyuvar ala administración de hjusticia, pero que en la práctica,no sólo desvían su accionar por derroteros ajenos alos de la administración de justicia sino que actúan encontra de los principios de ésta y se convierten ellosmismos en delincuentes que deberían ser sometidosa los procedimientos de la justicia si no existiera unmarco tan generalizado de impunidad.El lunes 30 de octubre de 1989, en horas de la noche,miembros del Ejército Nacional llegaron a la casa de uncontratista de la Alcaldía, en Chámeza, Casanare, donde enese momento se encontraba el joven LUIS ÁLVARO ACOSTACELY, de 20 años de edad, quien para la fecha se dedicabaa obras de construcción al servicio de la Alcaldía, sacándoloviolentamente de dicha casa. Más o menos a la misma hora,fue sacado violentamente de la casa de unos familiares, tambiénpor miembros del Ejército, el joven JAIRO ANTONIO ACOSTACELY, de 19 años, hermano de Luis Álvaro, quien estudiababachillerato en el colegio de la población. Al oscurecertotalmente, los habitantes del pueblo escucharon una balaceracerca de donde pasa el río Salinero, lo que sembró pánico enla población. Al notar que los hermanos ACOSTA no llegabanal lugar de su residencia, sus familiares y amigos emprendieronsu búsqueda sin lograr resultados positivos. Luego de tres díasfueron hallados sus cuerpos sin vida, muy cerca del puente sobrela vía que conduce de Chámeza (Casanare) a Páez y Aquitania(Boyacá). Este caso indignó mucho a los pobladores, al darsecuenta de que los jóvenes habían sido torturados enterrándolespuntillas en los oídos y quemándoles distinta partes del cuerpocon cigarrillos encendidos. Este trágico suceso, hizo que loshabitantes del municipio se solidarizaran con los familiares de lasvíctimas, asistiendo centenares de personas a las honras fúnebres,entre ellos una multitud de estudiantes. En la ceremonia religiosa,los militares, no contentos con haber perpetrado el horrendocrimen, formaron una especie de “calle de honor” con susarmas apuntadas hacia los consternados asistentes, en actitudamenazante. Ante tanta presión, estigmatización y amenazapor parte del Ejército Nacional, la mayoría de los habitantesdel pueblo decidieron desplazarse hacia otros municipiosbuscando salvar sus vidas. La mayor parte de la poblacióntuvo conocimiento de que la actitud del Ejército pretendía seruna represalia contra los habitantes de Chámeza porque unosdías antes dos integrantes de un grupo guerrillero habían dadomuerte a un Teniente del Ejército, luego de hacerle seguimientoa un grupo de militares que hacía presencia en el casco urbanoy desarrollaba un trabajo en la construcción de la carreteraque llega al poblado. El Ejército había reaccionado arbitraria eirracionalmente contra la población civil, como queriendo vengaren ésta los actos de la insurgencia. En un día allanaron todaslas casas del pueblo, insultaron y humillaron a la comunidad,acusándola de ser “cómplice” de la muerte del oficial. Por suparte, el padre de los hermanos ACOSTA, quien trabajaba comofuncionario público en la Alcaldía, tomó la decisión valerosa depedir apoyo a la Personera Municipal para exigir explicaciones alos victimarios, encontrando una evasión total de parte de ellos.Debido a la falta de garantías para permanecer en el pueblo,pocos días después decidió desplazarse a Yopal, aprovechandola salida de un vehículo particular. Cuando se movilizaban porla vía que conduce a Recetor, en el lugar conocido como LasCruces, fueron detenidos todos los pasajeros por un grupode militares. Al atormentado padre lo separaron del grupo eintentaron ocultarlo en una mata de monte con intenciones dedesaparecerlo, por lo que él se negó a seguirlos y les suplicóque más bien lo asesinaran en ese lugar. Ante esta situación,la Personera intervino para que lo reintegraran al grupo depasajeros, logrando salir ileso. El Estado fue demandado porestos crímenes y obligado a indemnizar a los familiares, al serhallado culpable.Se cometieron aquí varias violaciones de losderechos humanos, tales como: DetencionesArbitrarias e Ilegales, Desapariciones Forzadas,Torturas, Ejecuciones Extrajudiciales, Amenazas yCinep • Cospacc19