ISSN 0123-3637 - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

larga lista de violaciones a los derechos humanoscontra dirigentes de la Asociación Nacional deUsuarios Campesinos –ANUC- en Colombia, yparticularmente, de la Asociación Departamentalde Usuarios Campesinos –ADUC- en el Casanare.Lo mismo sucede con el caso de Oswaldo Vargas(nuestro segundo caso) miembro de ACDAINSOen el Corregimiento de El Morro. Allí fueronasesinados y amenazados gran parte de los líderesde esta asociación creada precisamente para exigira la BP inversión social, respeto al medio ambiente,reparación de daños sobre el mismo y condicionesdignas de trabajo.En efecto, al revisar actas de las organizaciones,documentos y archivos, encontramos que estasmuertes constituyeron parte de una estrategia deexterminio de organizaciones sociales opositorasa la BP que en diversas ocasiones se movilizaronpara exigir a la empresa múltiples reivindicaciones.Refuerza este hecho, el que la empresa, duranteel exterminio de los líderes de las organizacionessociales mencionadas, creara una ONG propia paratener relación directa con las comunidades.Sin organizaciones sociales opositoras, con un climade terror y corrupción creado por un paramilitarismoque creció en forma paralela al trabajo de explotaciónpetrolera en el departamento, con una militarizacióncreciente de la vida social y con su propia ONGpara intervenir en la comunidad, la explotación dela BP se hizo más segura y sus ganancias mayoresen Casanare.Nuestro tercer caso evidencia a su turno lanecesidad de juzgar a la BP por sus relaciones conun Estado y unas fuerzas militares y paramilitaresbastante cuestionadas en materia de derechoshumanos. La ejecución extrajudicial a manos delejército colombiano de Daniel y Roque Julio Torresen el presente año, constituye, junto a cientos decasos ocurridos en la región (más de 10 en lo queva corrido de 2007), un ejemplo fehaciente de laresponsabilidad de la BP directa o indirectamente,en lo que sucede “más allá de la malla perimetral” 22Usamos esta frase refiriéndonos al trabajo que haceJenny Pearce sobre el caso de la BP en el Casanare,publicado por el CINEP. En este estudio, que adolecede serias fallas metodológicas y cuenta con una claraposición política en favor de la empresa, Pearce intentamostrar cómo BP, tras aplicar una estrategia errada alno leer su entorno sociopolítico y luego del escándalopor violaciones a los derechos humanos fruto de suestrategia de seguridad, cambia su modelo y aplica unade sus instalaciones. El hecho de que la Brigada XVI,creada para proteger la infraestructura petroleraen torno a los pozos de BP en el Casanare, y a lacual esta empresa ha pagado y paga en el presentepara garantizar la seguridad de los pozos, asesinecampesinos en los anillos de seguridad de los campospetroleros, sindica como culpables de violaciones alos derechos humanos, tanto al Estado colombianocomo a la transnacional.Pero la responsabilidad de BP en este sentido vamás allá. Como lo han evidenciado las actualesinvestigaciones judiciales y las pesquisas de losorganismos de control frente a los nexos entreparamilitares-narcotráfico- políticos y funcionariospúblicos (congresistas, gobernadores, alcaldes,DAS), en Casanare las instituciones estabantotalmente permeadas por el paramilitarismo. Esasí como 6 alcaldes del departamento están hoydetenidos por esa causa. Entre ellos se incluyen losde Aguazul y Tauramena en donde la BP explota losdos pozos más grandes de producción de petróleoen el país (Cupiagua y Cusiana respectivamente) 3 .En acuerdos firmados entre alcaldes y paramilitares,los primeros debían entregar el 50% del presupuestoy asignar el 10% de la contratación del municipioa los segundos. A esto se suma la infiltración deestos grupos de ultraderecha en las personerías,el DAS, la SIJIN y el sistema judicial. En estecontexto la pregunta es: ¿no supo nunca la BP quelas instituciones con las que trabajaba de la manoeran parte del paramilitarismo? O tal vez, como sedenunció en los años 90, la pregunta debería serotra: ¿participó la BP en la creación, financiamientoy/o apoyo a grupos paramilitares? De ser afirmativala respuesta, esta poderosa transnacional seconvertiría en cómplice de muchos crímenes delesa humanidad y delitos cometidos en la región.El caso de Carlos Hernando Vargas, Directorde Corporinoquia (cuarto caso), se instala en elestrategia de reconocimiento de la realidad sociopolíticacreando una relación más fuerte con las comunidadesy las instituciones. Con los casos que exponemos,tanto los de la década de los noventa como los del2007, intentamos mostrar que la BP no ha cambiado deestrategia y que los asesinatos de dirigentes socialesque Pearce vio como casualidades o hechos aisladosconstituyeron una estrategia siniestra de la empresacon responsabilidad del Estado y el paramilitarismo. En:Jenny Pearce (2005) Más allá de la malla perimetral. Elpetróleo y el conflicto armado en Casanare, Colombia,Bogotá, CINEP.3De igual modo un actual congresista, ex Gobernadordel departamento, está siendo investigado por la mismacausa.Cinep • Cospacc95