de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
• Para otorgarle visibilidad y transparencia.
• Para protegerla, al menos formalmente, contra presiones del sistema político y burocrático
que puedan desnaturalizarla (proclamando, por ejemplo, su independencia
o la obligación de difundir públicamente sus resultados).
• Para facilitar, a través del establecimiento de un diseño y de unas pautas de funcionamiento
explícito, el aprendizaje sobre su desarrollo, formas de implantación
y conexión con procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas.
Y también, por supuesto, para fomentar una práctica regular previsible, que
siga estándares adecuados de calidad y que promueva su utilización efectiva.
Veamos con más detalle los diferentes elementos que componen ese proceso de
institucionalización, y que incluyen normas, organización y práctica evaluadora.
En primer lugar, en lo que se refiere a la regulación o existencia de normas específicas
sobre evaluación, no parece necesaria una regulación prolija. Ésta suele
recogerse, por un lado, de forma transversal, a través de disposiciones presentes
en normas con rango de ley relativas a las finanzas públicas o a la planeación nacional,
y posteriormente es objeto de directrices internas a través de órdenes, circulares
u otros documentos que dictan la política de evaluación. En esas normas
transversales no es tan importante regular los detalles de la práctica evaluadora
–que, como hemos visto, a menudo se ejerce de forma descentralizada por los
diferentes departamentos y agencias del gobierno- como incidir en algunos elementos
clave: sus objetivos, criterios y estándares de calidad, los recursos que se
le asignan, el uso que debe hacerse de sus resultados y aspectos relativos a su
difusión pública.
Vimos también entre los instrumentos de institucionalización normativa el recurso,
en algunos países, a cláusulas legislativas que imponen obligaciones de evaluación.
Se trata de disposiciones que entran raramente en detalles y se sitúan a un
nivel general que abre la puerta a múltiples perspectivas de implementación.
Queda claro que no existe una pauta única de institucionalización normativa, aunque
la experiencia aconseja evitar aproximaciones excesivamente legalistas, que
impongan obligaciones de evaluación poco adaptadas a organizaciones escasamente
receptivas o todavía no capacitadas técnicamente para poderlas asumir, ya
que conllevan un elevado riesgo de burocratización de la evaluación. Hemos visto
a lo largo del informe la diversidad de los procesos de institucionalización de la
evaluación, sus dinámicas, fuertemente idiosincrásicas, su necesidad de implantación
paulatina, gradual. En ese contexto, nada más contraproducente que confundir
el impulso político del proceso con la simple imposición de nuevas obligaciones
normativas a unas administraciones que no cuenten con la capacidad, con la
motivación ni los recursos necesarios para asumirlas.
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