de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
• El Banco de Proyectos, creado por la Ley 38 de 1989, con la función de hacer “la evaluación
de todos los proyectos de inversión financiados con recursos del gobierno
central a fin de que cumplan con criterios básicos de rentabilidad económica y viabilidad
técnica.”
En 1990-1991 el país atraviesa un proceso de cambio político que culminó en ese último
año con una reforma de la antigua Constitución de 1886. La nueva Constitución,
entre otros aspectos, suprime restricciones existentes hasta entonces a la competencia
abierta entre distintas fuerzas políticas y establece, junto a los mecanismos clásicos
electorales, dispositivos de democracia participativa como el cabildo abierto (o reunión
pública de los órganos de gobierno local), la iniciativa legislativa o la posibilidad
de revocación del mandato de los electos por parte de los ciudadanos.
Pero además, la Constitución de 1991 amplía notablemente la relación de derechos de
los ciudadanos, sumando los sociales y económicos y también los llamados de tercera
generación o derechos colectivos. Otras modificaciones que contribuyeron a crear un
entorno más propicio para la evaluación fueron la despolitización de la Contraloría
General de la Nación y la disminución del poder del Presidente a favor del Legislativo
(Alcántara, 2013).
La Constitución establece también dos principios rectores de la planeación nacional:
el primero es el carácter participativo del proceso de formulación de los planes de
desarrollo; el segundo es el principio de evaluación continua de los planes y de la gestión
pública en términos de resultados. (Ocampo, 1996, citado por Villarreal, 2007).
Primera etapa: 1994-2002. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo
y el lanzamiento de SINERGIA
En sus artículos 343 y 344, la Constitución Política de Colombia de 1991 fija el marco
para diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración
pública 59 . Es a partir de esta promulgación que la evaluación se introduce
como instrumento de gestión del sector público, dejando de ser un ejercicio voluntario
o aislado de algunas entidades (DNP, 2010).
Dentro de la serie de normativas jurídicas que desarrollaron y reglamentaron el proceso
de seguimiento y evaluación en Colombia, destacan el Decreto 2167 de 1992; la Ley
42 de 1993 y la Ley 152 de 1994.
59. Artículo 343: “La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización
de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas
como con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.”
Artículo 344: “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los
planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo nacional de planeación, de
manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.”
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