de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
determinar causalidad entre intervención y problema, tal como pretende hacer la
evaluación de efectividad.
• Las prácticas de Peformance Audit, Inspection and Oversight (Auditoría del rendimiento,
inspección y supervisión). Surgidas también al calor del movimiento de
NPM, las actividades en este caso se orientan a verificar y controlar si las organizaciones
públicas y sus responsables han realizado las misiones que tienen encomendadas,
y si lo han hecho mediante un uso eficiente de los recursos. Por tanto,
se trata de un tipo de análisis no tanto vinculado a verificar la efectividad o efecto
de las actividades o programas, sino a los logros alcanzados por las organizaciones
y sus responsables y al uso eficiente de los recursos que han gestionado. Este tipo
de análisis se refuerza en la etapa del NPM, como contrapartida necesaria a una
mayor autonomía de los gestores públicos, que va de la mano con una mayor necesidad
de rendición de cuentas y de control. El ejercicio de estas prácticas normalmente
reside en tribunales de cuentas, National Audit Offices u organismos
equivalentes, lo que explica el auge de este tipo de instituciones en países de la
OCDE –y en particular el de sus actividades de performance auditing-, especialmente
a partir de la década de los 90.
• El análisis de impacto regulatorio o Regulatory Impact Analysis: se trata de un
análisis ex ante de las alternativas y de los posibles efectos de disposiciones normativas,
en términos de efectividad y de coste efectividad (OECD, 2009). Presta
especial atención a los costes de todo tipo que las normas puedan suponer para
el sector privado, y en particular para el sector privado empresarial. Para ello se
emplean técnicas de análisis de las cargas administrativas, como el Standard Cost
Model.
• La acreditación de servicios u organizaciones. Muy presente también en países
de la OECD, en ámbitos de servicios públicos, como educación superior, prisiones,
hospitales, etc. Se lleva a cabo por parte de organismos públicos (p.ej.,
agencias de evaluación de las universidades o de la investigación) o privados
(empresas de consultoría que implantan y/o acreditan sistemas de gestión de la
calidad en servicios públicos diversos), en el marco de sistemas de gestión de la
calidad.
• Finalmente, cabe mencionar prácticas mixtas de monitoreo y evaluación (M&E).
Esas prácticas tratan de superar las limitaciones del seguimiento estricto de programas
–falta de profundidad en el análisis, excesivo foco en procesos y no en resultados
e impactos- y de la práctica evaluativa aislada –estudios puntuales, no
siempre adaptados al calendario y forma de presentación de resultados que maximice
su utilización. La idea es obtener un flujo constante de información y conocimiento
riguroso, bajo formas diversas –indicadores, evaluaciones ex ante, de implementación,
de impacto- adaptadas a casa fase del ciclo de las intervenciones
públicas y a sus procesos de gestión y de toma de decisiones, incluyendo la asignación
de recursos presupuestarios (Rist y Stame, 2011). Algunos países de América
Latina, como Chile, constituyen un referente internacional en el desarrollo de
ese tipo de sistemas.
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