de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
En concreto, la norma establece que se dotará al Fondo de contribuciones del estado
y otras entidades que se asocien para definir, financiar y pilotar uno o más programas experimentales
orientados a mejorar la inserción social y profesional de los jóvenes de
16 a 25 años. El Fondo financia los programas, y también evaluaciones independientes
de impacto que deben asociarse obligatoriamente a los mismos. A finales de
2010 se amplía su finalidad y también la población diana, y se establece que el Fondo
se destinará a favorecer el éxito escolar de los alumnos y mejorar la inserción social
y profesional de los jóvenes de menos de 25 años (Gurgand y Valdenaire, 2012).
Se trata de una iniciativa interesante, que se enmarca en nuevas tendencias de innovación
social apoyadas en evaluaciones rigurosas de impacto. Pero su interés radica
también en la financiación y en la gestión mixta, público-privada del Fondo (Lázaro,
2012b).
En lo que se refiere al papel del Parlamento francés, en un primer momento este pone
en funcionamiento una instancia común a la Asamblea Nacional y al Senado: se propone,
en 1995, a través de una proposición de ley, la creación de una Oficina parlamentaria
de evaluación de las políticas públicas (OPEPP), asignándole evaluaciones de tipo
tanto prospectivo como retrospectivo sobre la adecuación entre los medios jurídicos,
administrativos o financieros consagrados a una política pública y los resultados observados
o previstos. La Oficina se componía de dos delegaciones, una de la Asamblea
Nacional y otra del Senado, y recibió diversas críticas porque sus trabajos se solapaban
con los de las comisiones parlamentarias, y también porque el “experitse” interno estaba
aislado del proceso de toma de decisiones. Finalmente, esta primera experiencia
del Parlamento, de dotarse de medios propios de evaluación de políticas públicas, fracasa
y la Oficina es suprimida en 2001.
Posteriormente, cada Cámara establece una instancia propia de evaluación. El Senado,
que desea dar continuidad a los trabajos de la OPEPP, instituye un Comité d’évaluation
des politiques publiques. En una primera fase, se compone de 16 miembros del Senado
que habían participado en los trabajos de la OPEPP. Posteriormente, se adscribe a la
Comisión de Finanzas. Los trabajos de evaluación que impulsa la Comisión son llevados
a cabo por expertos externos y dan lugar a comparecencias de los responsables
administrativos a cargo de los programas analizados.
Por su parte, la Asamblea Nacional opta por otro mecanismo, la Mision d’évaluation
et de contrôle (MEC) que se crea a raíz de un grupo de trabajo sobre la efectividad
del gasto público y el control parlamentario. La MEC tiene por objetivo ejercer las
prerrogativas reconocidas al Parlamento en materia de control de la utilización de
los créditos incluidos en la Ley de Presupuestos. Se crea en Febrero de 1999, y
para agilizar esa creación no se pone en marcha como una comisión permanente,
sino que debe renovarse cada año en el seno de la Comisión de Finanzas. Ese procedimiento
presenta la ventaja de obligar a los miembros de la Asamblea a expresar
cada año su voluntad de proseguir con los trabajos, lo cual es interesante a
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