de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
del sector público (Wollmann, citado por Stame, 2012) –reforzar el liderazgo del Primer
Ministro y de los alcaldes, descentralización de competencias a las regiones, transparencia,
democratización, participación ciudadana…– y también otras inspiradas en el New Public
Management –como la externalización en la provisión de servicios, la agencialización, la
sujeción al derecho laboral de la contratación de directivos y gestores públicos…-.
Una reforma de especial importancia fue la orientada a delimitar más claramente los
ámbitos de actuación política y administrativa o de gestión pública. Ello llevó a la
contratación de directivos y gestores públicos provenientes del exterior de la Administración,
a través de contratos sometidos al derecho privado, con duración limitada
y que conllevaban la fijación de objetivos y el seguimiento y evaluación del grado
de éxito alcanzado. Este tipo de vínculo comportó más autonomía en la gestión por
parte de estos directivos y gestores, y también la creación de unidades de evaluación
en todas las administraciones (orientadas a la evaluación del rendimiento o Performance
Measurement.
Sin embargo, esas reformas han tenido un éxito limitado: los políticos han continuado
influyendo de forma decisiva en el nombramiento de directivos y gestores públicos,
que son removidos de sus cargos cuando los primeros cambian. Bassanini ofrece un
balance elocuente y amargo:
“Accountability, merit, performance assessment are still the exception, not the rule; they have
been overwhelmed by the spoils system, by the scattershot distribution of performance bonuses,
by the explosion of the costs of politics, by the resistance of an entrenched bureaucratic
culture, by the conservatism of the bodies responsible for auditing, by the inability of the
political class to conceive of public policies in terms of strategies, objectives and quantifiable,
measurable results”. (Bassanini, 2009, pág. 375)
En particular con relación a la evaluación del rendimiento, el mismo autor señala que las
principales reformas, contenidas en el Decreto legislativo 80/1998, establecían que
“…for each administration the political authorities are responsible for defining public policies,
translating them into strategic guidelines, setting precise, quantified goals, and introducing
objective, reliable systems of evaluation; that administrators are completely autonomous
and accountable for managing their units; that careers, promotions, removal from
position, and even a part of pay must be related to results; and that public employees can be
dismissed under the same rules that prevail in private law”.
En cuanto a sus resultados:
“…only a few administrations have applied them with conviction. The objectives, when they
exist, are often generic and vague; performance is either not measured at all or is assessed in
purely summary and discretionary fashion…” (Bassanini, 2009 págs. 379-381)
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