de la evaluación en Europa y en América Latina

Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en América Latina
los mecanismos de rendición de cuentas y en la institucionalización de la evaluación. Este contexto
es refractario a la introducción de factores técnicos que puedan contradecir posiciones de
partido y poner en riesgo la estabilidad de la coalición en el gobierno. Por otra parte, el control
de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno minimiza la posibilidad de introducir disposiciones
que favorezcan una evaluación independiente. En este entorno, el impulso de la evaluación
parece depender directamente de la voluntad de los partidos en el gobierno. No obstante, su
impulso se encuentra en gran parte ausente de los programas y de las campañas electorales.
Por lo tanto, la evaluación de políticas públicas continúa siendo algo raro, escasamente sistemático
y disperso en el gobierno y en la Administración central belga, sobre todo debido a
una toma de conciencia insuficiente sobre su utilidad. Sin embargo, en el plano sub estatal se
han venido desarrollando dispositivos de evaluación desde mediados de 2000, con la región
valona a la cabeza, a través del IWEPS (Instituto valón de la evaluación, la prospectiva y la
estadística).No obstante, hay escasa información sobre el funcionamiento actual del sistema,
tanto a nivel federal como en los estados que permita un análisis más detallado.
7. La evaluación en países de Europa meridional: Italia y España
Los países de Europa meridional han tratado de adoptar, sin conseguirlo del todo, tradiciones
político-administrativas de raíz napoleónica (Ongaro, 2009; Pollitt i Buckaert,
2004). Tanto los elementos propios de esa tradición, como los factores contextuales,
políticos y sociales, que han impedido su introducción plena en Europa meridional,
han resultado en general poco propicios para el desarrollo de la evaluación.
Entre otros aspectos, en el modelo napoleónico de Administración Pública la concepción
sobre las tareas a desarrollar por la Administración sigue siendo predominantemente
legalista (versus “gerencialista” y discrecional); los valores que guían la provisión
de servicios públicos priman la uniformidad (en lugar de estimular la diferencia y la
experimentación), y los grupos sociales son percibidos como participantes no legítimos
en el proceso de las políticas públicas. El Gobierno constituye de hecho la máxima
autoridad en cuestiones de Administración y de control, que se ejerce a través de un
sistema burocrático, regido por el Derecho Administrativo. El Parlamento, por su parte,
pone en marcha comisiones parlamentarias para investigar determinados hechos,
pero no hay una verdadera tradición parlamentaria de vigilancia (overisght) del ejecutivo.
Los Tribunales de Cuentas son órganos judiciales, muy diferentes de los tribunales
de cuentas o Audit Offices que se encuentran en países anglosajones o escandinavos.
Pero además, esos países comparten las rigideces típicas del modelo referido con las debilidades
propias de una cultura social y política que no ha conseguido todavía erradicar la
presencia e influencia de redes clientelares entre los partidos políticos, la administración
y el sector económico y social (Ongaro, 2009; Kickert, 2011). De ello resulta a menudo una
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