de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
en calidad de los servicios. Confiere autonomía a los órganos del sector público balear
para realizar las evaluaciones que estimen convenientes, aunque establece que
el Consejo de Gobierno identificará anualmente una relación de intervenciones
prioritarias, y la norma concede ese estatus de entrada a todas aquellas que superen
un presupuesto de 5 millones de euros. La Oficina, y la política de evaluación en su
conjunto contemplada en la norma, están, no obstante, pendientes de implantación.
Así, en España se han dado, desde mediados de la década de 2000, una serie de avances
en la institucionalización de la evaluación, aunque sólo en algunos casos han dado
lugar a una práctica evaluadora efectiva. La crisis económica y los recortes presupuestarios,
sumados a la falta de una apuesta política clara por la evaluación, han supuesto
una ralentización de ese proceso desde 2011.
El sistema de evaluación en España
Valoración general
La evaluación de políticas públicas en el seno de las administraciones se encuentra en una
fase incipiente en España. Se introduce en un primer momento de forma exógena, vinculada
a las evaluaciones preceptivas de fondos estructurales. Pero no será hasta mediados de
la década de 2000 cuando aparezcan iniciativas de institucionalización endógena. Estas se
materializan antes en la periferia del Estado (Navarra) que en la Administración central. En
2006 se crea la Agencia Española de Evaluación y Calidad, con la doble misión de evaluar
las políticas públicas de la Administración General del Estado –y de aquellas comunidades
autónomas que lo soliciten- y la calidad de los servicios públicos. La Agencia se crea a partir
de una Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios del Ministerio
de Administraciones públicas heredando su plantilla de inspectores y técnicos de
gestión, y con escaso margen de maniobra para incorporar evaluadores expertos. Esta circunstancia,
junto a la rotación en la Presidencia del organismo, y el tibio apoyo político de
que ha disfrutado después de la primera etapa de puesta en marcha, han ido lastrando su
desarrollo. Las actividades desarrolladas por AEVAL en el ámbito de la evaluación de políticas
públicas se han centrado en la elaboración de informes, mientras que las acciones de
sensibilización y de capacitación del personal de la Administración General del Estado han
tenido menos peso y no parecen haber respondido a una estrategia clara. Por otra parte, el
impulso dado a la evaluación por diversas comunidades autónomas desde 2005, entre las
que destacan Navarra, Cataluña y el País Vasco, se frenó sustancialmente con el advenimiento
de la crisis económica, paralizándose iniciativas y suprimiéndose dispositivos en
algunos casos. Persiste en Cataluña el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas
(Ivàlua), que ha desplegado una estrategia de sensibilización, de capacitación y de evaluación
rigurosa de impacto y se ha ido afianzando como referente de la evaluación en la comunidad
autónoma y resto del Estado.
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