de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
Indicators), de inputs, outputs, outcomes… Pero esos indicadores se han concebido
sin participación de los gestores y técnicos que deberán informarlos, lo que ha comportado
limitaciones importantes en el diseño y utilidad real de los indicadores, así
como en su apropiación –que ha devenido ritualización- por parte de la Administración:
“Unless the personnel are involved in their definition and in interpreting their results, indicators
alone can favor goal displacement (typical of public sector ritualism); alternatively, if
they measure a failure they may provoke disenchantment instead of a desire for understanding
what specific conditions and human capacity may make a program succeed.” (Stame,
op. cit., pos. 573)
Las funciones de evaluación han sido vistas, por tanto, como funciones de control, y
los organismos públicos han desarrollado estrategias para sustraerse a su influencia, lo
cual ha resultado contraproducente para el avance de la evaluación:
“…the implication was that since administrative personnel are familiar with control processes,
they could better understand evaluation if it were presented as a further control; in reality,
people are used not only to controls, but also to avoidance of them. This attitude has had
negative consequences for evaluation”. (Stame, op. cit., pos. 555):
A finales de la década de 2000 se emprendió una nueva reforma, de la mano del Ministro
Renato Brunetta, centrada de nuevo en aumentar la productividad de las administraciones
públicas, a la vez que su eficiencia y transparencia. La reforma pivotó alrededor
del concepto de mérito de los directivos, gestores, y del personal en general al
servicio de las administraciones públicas, y su evaluación a través de un sistema de
indicadores que hacían énfasis en la satisfacción de los usuarios de los servicios. Sin
embargo, este nuevo intento de reforma fracasó, siendo uno de los motivos la dificultad
para fijar objetivos:
“Setting challenging but credible objectives that can trigger significant improvements in the
quality of services and efficient performance is a difficult task, requiring, upstream, an ability to
elaborate and define the public policies for which the setting of objectives is an essential instrument,
and a capacity for dialogue with the administrative units and their executives on the one
hand and citizens/customers/users on the other. Without an adequate definition of the objectives,
the whole reform mechanism will go nowhere…” (Bassanini, op. cit. pág. 389)
En el marco de la Reforma Brunetta se crea la Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), adscrita al Parlamento 42 .
La CIVIT se creó por el Decreto Legislativo 150/2009, con la función, entre otras, de
coordinar y supervisar el ejercicio independiente de las funciones de evaluación en
42. http://bit.ly/1vTpcVv
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