de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
• En primer lugar, la calidad democrática, y en particular el arraigo de prácticas de
transparencia y de participación que favorezcan el debate social abierto sobre
las actuaciones públicas.
• En segundo lugar, la tradición científica, técnica y de gestión pública, que si es
sólida tenderá a favorecer aproximaciones racionalistas a la toma de decisiones.
Por el contrario, cuando la tradición jurídico-administrativa es dominante en la
Administración y el conocimiento académico se encuentra atomizado y disperso,
el progreso de la evaluación será más difícil (Bemelmans-Videc et al., 1994).
Al respecto, Jacob (op. cit.) añade la importancia de favorecer la “hibridación”
entre las culturas y las prácticas administrativas y académicas, así como entre
áreas especializadas de conocimiento académico. Esa hibridación sería fundamental
para el desarrollo de la evaluación en las administraciones públicas.
• La elevada inversión pública en determinados sectores propios del estado del
bienestar –o, podríamos añadir en el contexto actual, la necesidad perentoria
de ajustes- favorece asimismo el uso de la evaluación en la toma de decisiones.
• Finalmente, contribuye también la existencia de fuerzas exógenas al sistema y
favorables a la evaluación. En particular, la influencia de organismos internacionales
de cooperación al desarrollo y, en el ámbito de la Unión Europea, las obligaciones
de evaluación asociadas al acceso a fondos estructurales.
• Por otra parte, algunos autores señalan también el contexto institucional y características
propias del sistema político. Al respecto, según Varone y Jacob (op.
cit.), la evaluación se institucionalizaría más fácilmente en democracias con sistemas
electorales mayoritarios o regímenes presidencialistas que en democracias
con sistemas proporcionales o de tipo consociativo, ya que en estas últimas
el recurso a criterios estrictamente políticos para llegar a acuerdos puede relegar
el papel de la evaluación en los procesos de toma de decisiones 8 . Bajo esta
misma perspectiva institucional, pero referida ahora a los órganos de control, los
mismos autores estiman que el grado de independencia de éstos respecto al
poder ejecutivo puede ser un elemento facilitador de la institucionalización. Y
si además desarrollan prácticas de evaluación, pueden contribuir también a activar
la función de control del Parlamento, que se servirá de ellas con esa finalidad,
o bien desarrollará sus propios dispositivos de evaluación.
• Los procesos de reforma de la Administración, aunque ya hemos visto que en algunos
casos pueden promover, bajo el epígrafe de la evaluación, iniciativas diversas
y que no siempre contribuyen al desarrollo de ésta. Así, Wollmann (op.
cit.) considera que la emergencia de procesos de reforma del sector público es
probablemente un factor explicativo importante de la aparición de prácticas de
evaluación interna. En cambio, con respecto a la evaluación externa independiente,
considera que la existencia de actores institucionales como el Parlamento
8. Sin embargo Suiza, un país que queda fuera de este informe y que es un modelo de democracia consociativa,
cuenta con un sistema de evaluación robusto.
20