de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
funcionarios de la administración con perfiles ajenos a la investigación en evaluadores
expertos no es factible –sorprende ver con qué facilidad se ha asumido lo contrario en
algunos de los casos descritos- , si tenemos en cuenta la sólida formación que éstos
deben tener en métodos y técnicas de investigación social. No se trata tanto de formar
dentro de la Administración evaluadores expertos de alto nivel –éstos se encontrarán
mayoritariamente en la academia- sino impulsores y gestores de la evaluación, capaces
de transformar las necesidades de conocimiento en preguntas abordables desde
la evaluación, de actuar como clientes inteligentes de encargos externos, de hacer el
seguimiento de la utilización de los informes y, si cabe, más importante, de elaborar
planes de evaluación, velar por la consecución de óptimas condiciones internas de
evaluabilidad y cultivar una cultura interna favorable. En cualquier caso, se trata de
una función específica, que no debe asumirse como una responsabilidad añadida, superpuesta
a otras funciones del puesto de trabajo, sin formación, sin recursos y sin
ninguna base de legitimidad para ejercerla. Al contrario, hay que mimar esa función
estratégica, encargada de la producción y gestión de conocimiento de calidad para la
mejora de las políticas públicas. Hay que definir las funciones organizativas relacionadas
con el sistema de evaluación y hay que situarlas adecuadamente en los organigramas
y en los catálogos de puestos de trabajo de las administraciones públicas.
Hay que definir sistemas adecuados de selección del personal, y de desarrollo
profesional.
En cuanto a la práctica evaluadora, es importante asumir que el progreso de la evaluación
es gradual, irregular y asimétrico. Por ello, parece adecuado fomentar focos
de evaluación de calidad allá donde se da una combinación propicia de factores y
procurando difundir posteriormente esas experiencias punteras entre las organizaciones
del sector público, a través de redes internas o interadministrativas. Esas redes
deberían de favorecer un “efecto contagio” positivo y un grado más elevado de implicación
y de compromiso con la evaluación por parte de los profesionales del sector
público. A lo largo del informe hemos visto a menudo ese tipo de “focos” de evaluación
(como las evaluaciones de PROGRESA en México, o las relativas a políticas activas de
empleo en Alemania, o de empleo juvenil en Francia, etc.), así como el establecimiento
de esas redes en prácticamente todos los países estudiados.
Impulsar la práctica de la evaluación en las administraciones implica también comprometerse
seriamente con la mejora de las condiciones actuales de evaluabilidad de las
políticas, y en particular con la disponibilidad y calidad de los datos contenidos en
los registros administrativos, con su aprovechamiento estadístico, y con la facilidad
de acceso por parte de los profesionales de la evaluación. Las debilidades actuales
en ese terreno plantean ahora retos a menudo insalvables para la realización de
evaluaciones retrospectivas de impacto. Para avanzar hacia esas mejoras, es imprescindible
la colaboración y la coordinación de estrategias y actuaciones entre las instancias
responsables de impulsar la evaluación, los organismos a cargo de la estadística
oficial, los órganos gubernamentales competentes en sistemas de información y TIC y
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