de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
la creación de unidades de evaluación que incorporaron esas funciones. Así, ese nuevo
marco normativo permite desarrollar y generalizar la práctica de la evaluación en
un gran número de organismos públicos, sobre la base de estándares y procedimientos
diseñados de forma homogénea.
Otros hitos en el desarrollo de la evaluación son la Ley del Gobierno (1990), que enuncia
un principio general sobre la evaluación, y la Ley del procedimiento presupuestario
(1998) (Van Beleidsbegroting tot beleidsverantwoording – de la política presupuestaria a la
política de la responsabilidad), que pretende vincular la presentación del presupuesto a
los resultados de la actuación pública, a través de la formulación de preguntas como
“¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo vamos a proceder para alcanzarlos? ¿Cuáles son los
costes implicados?¿Hemos obtenido lo que buscábamos?” (Jacob, op. cit.). Ese procedimiento
implicaba, además, la obligación de cada ministro de presentar un informe anual
describiendo los objetivos y los logros obtenidos. La orientación general era no tanto
sancionadora como de aprendizaje basado en la medida de los resultados.
Se trata de un proceso progresivo y de acumulación de experiencia en el seno de los
ministerios del gobierno holandés, que lleva más adelante, a partir de 2002, a la adopción
de cláusulas de evaluación de carácter general (ej. el Reglamento sobre el análisis
del rendimiento y la evaluación, o Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek).
Esas cláusulas permitirán avanzar hacia una aplicación más o menos uniforme, estandarizada,
de la práctica evaluativa en todos los ministerios.
Por otra parte, de la mano del New Public Management, a lo largo de los 90 se impulsaron
también los sistemas de indicadores de seguimiento / resultados (performance
indicators) en diferentes áreas de gobierno, asociados, como parte del paquete de reformas,
a la creación de agencias departamentales ya iniciada en los 80 y que en los 90
tomó un nuevo impulso.
Posteriormente, ya en 2001 -año de creación de la Dutch Evaluation Society-, se reforma
la ley de finanzas (Budget and Accounts Act), reforzándose formalmente el papel de la
evaluación. El nuevo marco normativo establece una articulación más clara de la función
evaluadora en el gobierno holandés, en particular de aspectos relacionados con
el uso de diferentes enfoques de evaluación, la frecuencia de su realización, cuestiones
metodológicas –refinando, por ejemplo, los criterios relativos a evaluaciones de impacto-,
y otros relativos a la utilización y a la difusión de las evaluaciones. De nuevo, los
departamentos y agencias ejecutivas son responsables de concretar y desarrollar esos
aspectos en cada caso. Para ello, cuentan normalmente con unidades internas, tanto
de inspección como de finanzas, que llevan a cabo actuaciones de evaluación (Wollmann,
op. cit.).
Según Leeuw (op. cit.) se constata un avance general, aunque se da un cierto solapamiento
de funciones entre organismos públicos de auditoria, inspección y evaluación.
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