de la evaluación en Europa y en América Latina

Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en América Latina
aquél en determinados ámbitos de intervención. También, esa misma función y actividades
pueden ser realizadas por organismos multilaterales, iniciativas internacionales
de impulso de la evaluación o centros independientes de investigación. La difusión
pública de las evaluaciones, así como el acceso a las bases de datos utilizadas
en las mismas –con las garantías necesarias de protección de datos personales- puede
facilitar un control de calidad desde múltiples instancias, incluyendo instancias
sociales.
Dado que en este informe hemos abordado un enfoque sistémico de la evaluación, no
debe bastarnos con asegurar el control de calidad de cada evaluación, sino que debemos
aspirar también a contar con mecanismos capaces de supervisar el funcionamiento
global del sistema y de introducir los ajustes y correcciones que sean necesarios
en los diferentes elementos que lo componen, para procurar un funcionamiento
adecuado. Hemos visto que en los países con mayor tradición evaluadora, los propios
órganos de impulso de la evaluación en el ejecutivo o bien órganos superiores de control
realizan un seguimiento periódico del progreso de la evaluación desde una perspectiva
global, analizando cómo se lleva a cabo, los recursos que consume y, en particular,
su incidencia en la mejora y en la transparencia de la acción de gobierno. Parece
importante incluir en esa función de “supervisión sistémica”, la observación continuada
de novedades en la configuración y funcionamiento de los sistemas de evaluación
y en las políticas y estrategias que se despliegan en el entorno internacional para impulsarlos.
Este es, como hemos visto, un ámbito nuevo, emergente en la literatura sobre
evaluación y sobre gestión pública. Hacen falta líneas específicas de investigación
al respecto, así como dar continuidad a las iniciativas de algunos organismos multilaterales,
como el Banco Mundial o el BID, de describir y analizar el funcionamiento de
dichos sistemas.
Finalmente, como decíamos en apartados de previos de este informe, entender qué es
la evaluación, cuáles son sus activos y sus limitaciones, y apostar por ella, implica acometer
un proceso de transformación paulatina y profunda del modelo actual de
administración pública. Esa transformación debe permitir superar visiones estrictamente
administrativistas –centradas en el necesario control de legalidad y seguimiento
del procedimiento administrativo- o gerencialistas –enfocadas a la provisión de
servicios de calidad y al control de la gestión-, para asegurar y proclamar la orientación
finalista de todos los aspectos de la actuación administrativa. En otras palabras, debe
asegurarse que las reformas se orientan en primera instancia a conseguir una actuación
pública más efectiva a la hora de mitigar problemas de toda índole que reclaman
la intervención de los poderes públicos. Para ello es necesaria una Administración capaz
de apoyar y de gestionar la generación y la utilización continua de conocimiento
de calidad sobre esos problemas y esas intervenciones. Si esa es la Administración que
queremos, habrá que acometer en algún momento una revisión en profundidad de las
políticas actuales de reforma administrativa, para asegurar que priorizan visiones y
medidas orientadas a la consecución de ese objetivo.
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