de la evaluación en Europa y en América Latina

Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en América Latina
Aunque quizás el cambio institucional más importante para avanzar hacia una cultura
de evaluación en México fue la Ley aprobada en 1999 por el Congreso de la Unión,
según la cual el gobierno mexicano debía presentar evaluaciones externas anuales de
todos sus programas federales sujetos a reglas de operación, es decir programas de
subvenciones. Este cambio repentino – pasando de prácticamente no tener evaluaciones
a tener evaluaciones en cientos de programas anualmente- si bien implicó en la
práctica un proceso lento de aprendizaje e implantación progresiva, contribuyó a familiarizar
con cierta rapidez a numerosos funcionarios de la Federación con la evaluación.
Así, en 2001 casi 100 programas sujetos a reglas de operación estuvieron obligados
a tener una evaluación externa, realizada por instituciones académicas, de
investigación, expertas en distintos temas, y estas evaluaciones fueron presentadas
anualmente al Congreso para alimentar decisiones presupuestarias.
Destaca también en ese período de finales de los 90, y gracias también al impulso de la
mayoría opositora en el Congreso, la reforma del marco institucional de la función de
fiscalización superior del Estado. Esa reforma incluyó la modificación de diversos artículos
de la Constitución en 1999 y la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación en Diciembre de 2000. En ese nuevo marco jurídico se creó la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), adscrita al Legislativo y en sustitución de la Contaduría
Mayor de Hacienda. La ASF incluye entre sus funciones las llamadas Auditorías de desempeño,
que se orientan a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los
programas gubernamentales, siguiendo criterios de eficacia, eficiencia y economía, así
como su impacto, –social y económico– y beneficios para la ciudadanía 57 .
Casi al mismo tiempo, en 2001, un órgano de fiscalización interno del Ejecutivo, la Secretaría
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) cambió de nombre y de
atribuciones y pasó a llamarse Secretaría de la Función Pública (SFP). La SFP continuó con
sus labores fiscalizadoras y de control respecto a las dependencias e instituciones federales
58 , pero se concentró también en el impulso de diversas líneas de reforma administrativa.
57. En el web de la ASF (www.asf.gob.mx) se publican únicamente los llamados “Informes de cuenta pública” y
otros informes relacionados con actividades de fiscalización, correspondientes a cada ejercicio. Sin embargo, la información
e informes consultados al respecto en el web de la ASF, de carácter sintético, no ha permitido comprobar
el alcance real de esas actuaciones.
58. La SFP cuenta con diferentes unidades con funciones de evaluación, auditoría y control gubernamental :
− Una Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental, que tiene entre sus funciones (art. 24): (a)
Establecer, organizar y coordinar, “el sistema de control y evaluación gubernamental”. (b) Realizar las acciones que
en el ámbito de competencia de la SFP “se requieran para el funcionamiento del sistema de evaluación del desempeño
previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales, el impacto social de los programas y proyectos realizados con recursos
públicos e identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad en las dependencias, las entidades y la Procuraduría”.
(c) Proponer ”normas de carácter general, lineamientos y políticas que rijan el funcionamiento del sistema de control
y evaluación gubernamental”. (d) Validar los indicadores de gestión que en términos de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria son la base para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas y proyectos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, y el desempeño de éstas en la ejecución
de los mismos. (d) Establecer criterios de evaluación, así como metodologías o modelos en esa materia que permitan
la operación del sistema de control y evaluación gubernamental. (e) Administrar la información que en materia de
evaluación se genere; realizar el análisis de la misma y formular recomendaciones.
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