de la evaluación en Europa y en América Latina

Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en América Latina
7.2. La evaluación de políticas públicas en España
A partir de la Constitución de 1978, España adoptó un modelo de Estado altamente
descentralizado, que se ha ido implantando y profundizando en fases sucesivas y cuyo
desarrollo ha copado gran parte de la agenda política, entrecruzándose con avance
del Estado del Bienestar en ese mismo período (Gallego y Subirats, 2012). Los procesos
de reforma de la Administración General del Estado acometidos en esos años han tenido
en todo caso un alcance limitado, fragmentado, y centrado principalmente en
aspectos de racionalización de las estructuras y de los procedimientos internos, así
como en la profesionalización burocrática de la función pública. Un proceso caracterizado
por cambios sucesivos, con efecto acumulativo y localizado normalmente en organismos
concretos, más que grandes reformas transversales 44 .
La práctica y el grado de institucionalización de la evaluación se encuentran entre los
más bajos de la OCDE (Furubo y Sandahl, 2002, Varone et al. 2005, Viñas, 2009), registrándose
algún progreso en la segunda mitad de la pasada década. En general, tal
como afirman Feinstein y Zapico-Goñi (2010), más que un sistema de evaluación coherente,
en España existe una constelación de organismos de diverso rango, que operan
en distintos sectores de intervención pública, en diferentes niveles de gobierno, que
tienen asignadas responsabilidades bien de evaluación, bien funciones relacionadas.
Los factores que explican esta situación son, entre otros (Viñas, 2009): el menor desarrollo
del estado del bienestar y del volumen de inversión pública asociada; la débil tradición
en investigación social y en su aplicación al estudio de las políticas públicas; el dominio
de una cultura jurídico-administrativa entre las élites políticas y en el sector
público, orientada fundamentalmente al control de la legalidad en detrimento de la
efectividad; la falta de incentivos para impulsar la evaluación, tanto en el entorno político
como en el administrativo; un sistema parlamentario estatal y autonómico sometido
a la disciplina de partido, con limitadas posibilidades de control efectivo del ejecutivo.
Inducida fundamentalmente por las obligaciones asociadas a la recepción de fondos
estructurales de la UE, la práctica de la evaluación se ha venido desarrollando a partir
de los años 90, aunque de forma fragmentada y poco sistemática (Viñas, 2009). En algunos
sectores como las políticas de salud 45 –en estrecho contacto con la cultura y la
práctica científica– y las políticas de cooperación para el desarrollo 46 –expuestas a las
44. Como la reforma de la Agencia Española de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Servicio de Correos (Parrado, 2008) o, en Cataluña la reforma del Instituto Catalán de Salud (Gallego, 2013).
Excepciones, aunque con resultados limitados, los constituyen, en el caso de la Administración General del Estado,
la instauración del Presupuesto por Programas, en 1984, la aprobación de la Ley Orgánica de Funcionamiento de
la Administración General del Estado (LOFAGE), en 1997, el Estatuto Básico del Empleado Público, en 2007 o la Ley
de Agencias (2005).
45. Ver por ejemplo el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud http://bit.ly/1vrJSu5.
46. Ver Argilés (2014) para una visión panorámica de la evolución de la evaluación de la política de cooperación
internacional para el desarrollo en España. La evaluación en ese ámbito se impulsa desde mediados de los 90, y
en particular desde 2005, con la creación de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el
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