de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
Bélgica, donde han permanecido en un rol más tradicional, de control de conformidad
y legalidad (Jacob. op.cit.). En los Países Bajos, la NCA adopta una posición clara en
materia de evaluación y se implica a fondo en el acompañamiento de las actuaciones
realizadas y en el establecimiento de los dispositivos de evaluación. De hecho, según
Jacob (op. cit.), dedica tantos esfuerzos a la evaluación como a sus funciones tradicionales
de control.
Desde 1991, a raíz de la adopción de la Dutch Government Accounting Act, la misión
de la NCA se ve modificada, poniéndose el acento en la eficacia y la eficiencia. Ello se
traduce en la realización de performance audits por parte de este organismo, definidas
como verificaciones tendentes a evaluar de qué forma la entidad objeto de control
dedica los recursos públicos que le son asignados a la consecución de la misión
que tiene encomendada, en el marco de los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Desde finales de los 80, el Tribunal se ha dotado también de la misión de controlar la
calidad de las evaluaciones producidas por los ministerios, a través de metaevaluaciones.
Esos ejercicios tienen una finalidad formativa, de ayuda a los departamentos ministeriales
para que desarrollen sus estructuras y sus prácticas evaluadoras. Por otra
parte, se asume un desarrollo desigual de la evaluación entre los diferentes departamentos
del Gobierno, y en los casos más débiles, la NCA puede asumir directamente la
realización de performance audits buscando un efecto “demostración”, pedagógico. En
la literatura sobre el desarrollo de la evaluación en los Países Bajos, se encuentran referencias
a estudios de ese tipo llevados a cabo por la NCA en 1990 y en 1998 (Bemelmans-Videc,
2002; Jacob, op. cit.; Leeuw, op. cit.), en los que se detecta una gran disparidad,
tanto en lo que se refiere al número de evaluaciones realizadas por los diferentes
ministerios, como a su relevancia o al presupuesto empleado. Entre las posibles causas
de esa situación, se identifica la falta de una definición clara de lo que debe ser evaluado
cada cinco años. A partir de esos estudios, el Ministerio de Finanzas emprende revisiones
sucesivas de la política de evaluación ayudado por la NCA, que mantiene un rol
de “help desk” hacia los departamentos en este ámbito, y también de seguimiento del
uso de las evaluaciones. Esta utilización parece elevada, aunque las recomendaciones
más seguidas son aquellas que afectan a aspectos organizativos, más que substantivos
de las políticas (Jacob, op. cit.).
Más recientemente, en 2012, la NCA realizó un nuevo informe sobre la práctica de la
evaluación en el ejecutivo, referido al período 2006-2010 (NCA, 2012). Según ese informe,
en el período de referencia se llevaron a cabo 1.200 evaluaciones de políticas públicas,
de las cuales 350 (29%) analizaron la efectividad de las políticas en términos de
impacto. Los programas objeto de evaluación sumaron un presupuesto de 51 mil millones
de euros, lo que supone el 46% del gasto presupuestario en 2010. El estudio no
entró a analizar la calidad de las evaluaciones, pero sí detectó errores a la hora de clasificar
como evaluaciones de impacto estudios que en realidad no lo son, así como un
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