de la evaluación en Europa y en América Latina

Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en América Latina
• A finales de 2005 se aprueba la Ley foral de evaluación de las políticas públicas y de
la calidad de los servicios públicos de Navarra. Se trata de la primera ley que institucionaliza
en España la evaluación de las políticas públicas como función transversal
del gobierno y crea un órgano específico con esa finalidad: la Comisión Foral para la
Evaluación de las Políticas y la Calidad de los Servicios. La Comisión es un órgano
colegiado que tiene entre sus funciones el impulso de la cultura de la evaluación en
la Comunidad Foral, la definición de criterios y metodologías comunes para su práctica,
y la constitución de un registro de evaluaciones público, entre otras. Integra no
solo diversos departamentos del Gobierno Foral, sino también las entidades locales
y los agentes sociales, entre otros.
La gestión operativa del sistema se encarga al Instituto Navarro de Administración
Pública, en el que se constituye un Servicio de Evaluación, con una dotación de dos
personas, incluyendo la Jefe del Servicio. Ese servicio despliega una actividad intensa
de sensibilización, de generación de recursos, de formación y de constitución de
redes interadministrativas sobre evaluación en la Comunidad Foral. Sin embargo,
con el advenimiento de la crisis económica el Servicio es suprimido.
• Un poco más tarde, en octubre de 2006, se constituye formalmente en Cataluña el
Centro para la Investigación y Evaluación de Políticas Públicas –actualmente Instituto
Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua)-, bajo la forma de un consorcio
público formado por las administraciones y las universidades catalanas. El Instituto
inicia actividades en 2008 y, a pesar de un anclaje institucional algo débil, ha sabido
afianzarse como referente de la evaluación en Cataluña. Lo ha hecho fundamentalmente
a través de la realización de evaluaciones de impacto rigurosas -de políticas
activas de empleo, sociales y, en menor medida, educativas- sometidas a la supervisión
externa de expertos de reconocido prestigio. Por otra parte, Ivàlua ha desarrollado
una estrategia de sensibilización y de capacitación de empleados públicos y
también del tercer sector social que ha tenido una excelente acogida y que ha permitido
conseguir avances significativos en la cultura de la evaluación en Cataluña.
Sin embargo, la falta de una visión clara y compartida entre las élites políticas –más
allá del nivel discursivo- sobre qué es la evaluación y cuáles son los componentes
clave de rigor metodológico, de independencia y de transparencia que deben respetarse,
pone en dificultades su avance.
• Posteriormente, en 2010 el Gobierno Vasco elabora el Plan de Innovación Pública
2011 – 2013, el cual incluye entre sus líneas estratégicas el fomento de la cultura de
evaluación de políticas públicas. Ese Plan, y en particular la línea relativa a evaluación,
es impulsado conjuntamente desde la Presidencia del Gobierno (Lehendakaritza)
–en particular, desde la Dirección de Coordinación- y desde el Departamento de
Justicia y Administración Pública, a través de la Dirección de Innovación y Administración
Electrónica. Sin embargo, esa línea de trabajo parece diluirse con el cambio
de gobierno, en 2012.
• Finalmente, en marzo de 2011 el Parlamento de las Islas Baleares aprobó la Ley
4/2011, de la buena administración y el buen gobierno. La norma crea una Oficina
de Evaluación Pública, adscrita al Gobierno a través del Departamento competente
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