de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
de gobierno. Tampoco se ha sabido generar a partir de ella una política específica de
impulso de la evaluación en la Administración General del Estado que, más allá de
crear instituciones formales a cargo de su ejecución, emprendiese también acciones
de sensibilización, de generación de capacidad evaluadora en los diferentes ministerios
y organismos públicos, de incentivación de la práctica evaluadora, de intercambio
de experiencias y coordinación transversal de actividades de evaluación, etc.
Como balance, entre 2007 y 2013, la Agencia ha producido 36 informes de evaluación.
Llama la atención –e ilustra bien la alusión anterior a la falta de continuidad en el apoyo
político al impulso de la evaluación- la tendencia decreciente del número de informes
publicados en el web de AEVAL, que ha pasado de 9 en 2007 a 3 en 2013, con una fuerte
incidencia de las elecciones generales (en 2008, cuando disminuye un tercio el número
de informes publicados, y en 2012, año en que no se publica ningún informe).
La evaluación en las Comunidades Autónomas
España es uno de los estados europeos con un nivel más elevado de descentralización
territorial. Como vimos en apartados previos de este informe, los sistemas políticos
altamente descentralizados ofrecen un contexto interesante para la evaluación, ya
que configuran una especie de laboratorio natural donde las políticas se implementan
en unos territorios y no en otros, o bien lo hacen a través de variantes, ofreciendo
oportunidades para la construcción de escenarios contrafactuales que son más difíciles
de generar en estados unitarios.
Sin embargo, esa oportunidad no se ha aprovechado suficientemente hasta la fecha.
Como un intento en esa dirección cabe mencionar la constitución, en Noviembre de
2009 y en el marco de la Red Estatal Interadministrativa de Calidad de los Servicios
Públicos impulsada por AEVAL, de un grupo de trabajo sobre evaluación de políticas
públicas con participación de diversas comunidades autónomas, de la propia AEVAL y
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ese grupo de trabajo llevará a cabo, a lo largo de 2010 y bajo la coordinación del Instituto
Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), un intercambio intenso de
información sobre diferentes aspectos de la situación y el impulso de la evaluación en
las comunidades autónomas participantes: Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Islas
Baleares, Navarra, País Vasco, Valencia, además de AEVAL y la FEMP. Sin embargo, a
partir de 2011 los recortes presupuestarios –que comportan la supresión de unidades
de evaluación de reciente creación en algunas comunidades autónomas, la reducción
de sus efectivos en otras, y la congelación de proyectos de implantación de nuevos
dispositivos en otros casos- frenan las actividades del grupo.
No obstante, a pesar de la ralentización que ha supuesto la crisis económica en la institucionalización
de la evaluación en las comunidades autónomas, es importante destacar
algunas experiencias:
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