de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
Costa Rica, ambos con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También,
dispositivos de evaluación asociados a los planes de actuación plurianuales del
gobierno federal y de los municipios brasileños (Neirotti, 2012).
En Chile el Ministerio de Hacienda introduce a partir de 1993 indicadores de desempeño,
y en 1996 la evaluación de programas del gobierno en base a revisiones del
marco lógico. A finales de los 90, ese tipo de dispositivos se extienden a otros países
de la región (Feinstein, 2012). En todos los casos se enfatiza el análisis de los resultados
y de los impactos de las intervenciones públicas en el marco del proceso de
modernización del Estado, aunque siguen una lógica no tanto evaluativa sino de
Performance measurement y de valoración de la satisfacción de los usuarios de servicios
públicos, propia de la Nueva Gestión Pública.
No obstante, durante esa etapa se da también una creciente profesionalización de la
evaluación (Neirotti, 2012) y se estimulan acciones de “capacity building” tanto desde
los diferentes gobiernos como por parte de organizaciones internacionales, aunque
con más peso por parte de estas últimas y vinculadas a los programas de cooperación
para el desarrollo en ámbitos estatales, regionales o locales, y en sectores
como la educación, los sistemas de salud o los servicios sociales. Como vimos en el
caso de diversos países europeos, también en estos años surgen en América Latina
prácticas de comparación o benchmarking intermunicipal, regional o entre centros
proveedores de servicios.
• Una tercera fase, que se inicia a finales del siglo pasado y que perdura en la actualidad,
caracterizada por una “vuelta al Estado” –que retoma su rol de promoción económica
y social aunque delegando algunas funciones en el sector privado-, acompañada
de nuevas demandas de regeneración institucional y democrática por parte
de una sociedad civil crecientemente movilizada y organizada. En ese contexto, están
surgiendo planteamientos de evaluación que enfatizan la participación de diferentes
stakeholders e incorporar así diferentes perspectivas -no sólo referidas a diferentes
niveles de gobierno implicados en las intervenciones evaluadas, sino también
a actores sociales, grupos étnicos, etc.- y también con una finalidad de sensibilización
y capacitación. Por otra parte, se van extendiendo los enfoques mixed methods,
centrados en evaluar impactos o outcomes, pero capaces al mismo tiempo de entrar
en la “caja negra” de la implementación para buscar en ella variables explicativas del
grado de efectividad alcanzado.
En general, en los países latinoamericanos existe actualmente un amplio abanico de
sistemas de evaluación, articulados a menudo alrededor de determinados sectores de
intervención. Estos sistemas se han generado normalmente a partir de grandes programas
cofinanciados por organizaciones en esos sectores, y con el tiempo han ido
enraizando en sus respectivos entornos institucionales, a través, por ejemplo, de la
creación de unidades de evaluación en organismos gubernamentales responsables de
la gestión de esos programas. Esas estructuras han impulsado la demanda de evaluación
y la profesionalización en este ámbito en los diferentes países, englobando
normalmente diferentes disciplinas (sociología, antropología, economía, psicología,
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