de la evaluación en Europa y en América Latina

Blanca Lázaro
• Legalismo: lo que importa es que la evaluación esté regulada y que la ley se implemente.
La utilidad de la evaluación para aprender y mejorar, y para rendir cuentas,
queda en segundo plano.
• Normativismo: al equiparare con otra actividad administrativa más, se ha dado por
descontado que sólo hay una forma correcta de realizar evaluaciones, sin poner en
discusión métodos, etc. (aunque últimamente hay más debate al respecto, y se está
dando entrada a métodos experimentales, quizás a causa de los cambios que ha
habido al respecto en ciertos programas de la Comisión Europea). En su expresión
probablemente más negativa, esto ha comportado la aceptación pasiva de sistemas
de indicadores impuestos desde arriba, sin cuestionar su relevancia y su utilidad.
En palabras de Stame:
“All this has given rise to an evaluation culture that is characterized by lifeless institutions (evaluations
units undistinguishable from existing administrative departments), values of uncertain status
(transparency and independence declared but not really pursued) and malpractices of accomplishment
(avoiding relevant choices, most notably in methodology)” (Stame, op. cit., pos. 809)
El sistema de evaluación en Italia
Valoración general
La evaluación empezó a introducirse en Italia en los años 90, a raíz del paquete de reforma administrativa
conocido como “leyes Bassanini”, que buscaban incrementar la eficiencia en la Administración
a través, entre otras medidas, de la fijación de objetivos y la medición posterior del
rendimiento. Aunque una parte importante de las medidas adoptadas tenía que ver con la
gestión del personal al servicio de las administraciones, y por tanto con la valoración del rendimiento
individual, en el marco de estas reformas se introdujeron también unidades de evaluación
en diferentes organismos de la Administración. Estas unidades, sin embargo, no llegaron a
cuajar. Una aproximación excesivamente legalista y “de arriba abajo”, sin tener en cuenta las
especificidades de la evaluación, sus exigencias ni tampoco el contexto en que se iba a introducir,
abocó estas reformas al fracaso. Un fracaso al que contribuyó, además de los factores mencionados,
la falta de continuidad del apoyo político a las reformas y de recursos suficientes. A
finales de la década de 2000 vuelven a impulsarse medidas de reforma que incluyen la evaluación.
Se crea la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT), adscrita al Parlamento. La CIVIT tiene entre otras funciones, la coordinación
y supervisión del ejercicio independiente de las actividades de evaluación en las administraciones,
así como garantizar la transparencia de esas actividades. Sin embargo, no parece haber
desarrollado una actividad evaluadora relevante. En el nivel regional, las obligaciones de evaluación
asociadas a la recepción de fondos estructurales han llevado a la creación de unidades
de evaluación en diferentes regiones. No obstante, hasta el momento no parece haberse desarrollado
tampoco a ese nivel un sistema en el que la evaluación esté plenamente asentada.
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