Programa Gobierno MAS- IPSP 2005.pdf - Constituyentesoberana.org

el aumento – real o supuesto – de la delincuencia y una intervención desafortunada de
los organismos estatales encargados de su prevención y represión.
Actualmente, los ciudadanos sienten una incómoda sensación de malestar, debido a la
posibilidad de ser víctimas potenciales de la delincuencia. Las estadísticas oficiales
muestran el agudo deterioro de las condiciones de seguridad durante la última década.
De un modo general se observa que entre 1990 y el año 2.001, el número de delitos
comunes se ha multiplicado por cuatro. De acuerdo con los datos disponibles3, la
Policía informaba el año 2001 que diariamente se cometían 410 delitos, 303 faltas y
contravenciones, cinco casos especiales y más de 100 atenciones de urgencia. A pesar
de la falta de consistencia en el manejo de datos oficiales, no resulta difícil sospechar la
complejidad que ha adquirido esta problemática para las autoridades estatales, en
particular para los órganos de justicia4.
Si bien es cierto que las estadísticas muestran una sociedad cada vez menos segura, con
miedo y vulnerable a diversas expresiones de conflicto, violencia y crimen organizado,
cuyas causas suelen atribuirse a problemas económicos, demográficos, fractura social y
procesos de urbanización y modernización de la sociedad, no es menos evidente que
también se debe, al conjunto de debilidades institucionales que dificultan la
construcción de una democracia más inclusiva y un Estado de Derecho confiable y
eficaz. Gran parte de la responsabilidad de la seguridad pública descansa en las
funciones y deberes que debe cumplir el Estado. Empero, sus instituciones se
desempeñan de manera cuestionable.
Los ciudadanos desean vivir en un clima de paz relativa y libre de temor. Para ello, es
fundamental restablecer la confianza pública en la autoridad, pero al mismo tiempo
modificar la conducta, compromiso y voluntad política de los gobernantes. De igual
forma, la posibilidad de mejorar el desarrollo humano, la integración social y la calidad
de vida de la gente, exige la construcción de Políticas Públicas cuyo contenido exprese
las necesidades sustantivas de la ciudadanía y el ejercicio pleno de los derechos
humanos.
La seguridad ciudadana es un factor clave para la democracia, el diálogo, la paz y el
desarrollo. Por lo mismo, para superar las actuales condiciones de inseguridad
ciudadana que vive el país es fundamental fortalecer capacidades institucionales,
estatales y gubernamentales, modificar viejas lógicas de gestión gubernamental
heredadas del pasado y promover la participación de la sociedad. Las políticas
democráticas de seguridad debieran estar sustentadas en criterios de justicia social más
que de orden, en instituciones públicas demcráticas y eficaces, en una mayor inclusión
social, prevención, distribución más equitativa de recursos, participación comunitaria,
transparencia pública, pero fundamentalmente, cero tolerancia a la corrupción e
impunidad. El déficit del funcionamiento estatal y de sus organismos de seguridad
compromete el futuro de la democracia. La gente demanda soluciones rápidas al
problema del delito. Los efectos que ha producido el colapso de la politica de seguridad
produce una demanda perversa de “mano dura”, desafección por la ley, penalización
más rigurosa, linchamiento y más policía, demandas que en lugar de resolver el
problema lo agravan.
Se propone una Política de Seguridad para un nuevo Estado Democrático de Derecho.
Descarta toda propuesta de reforma o maquillaje a los planes de seguridad neoliberales